El problema más grande que tiene Colombia, por encima de las guerrillas, el narcotráfico y la corrupción generalizada, es la falta de justicia, pero seguimos mirando para el otro lado.
Resulta extraño, paradójico que ninguno de los
actuales candidatos presidenciales asuma el tema de la justicia como una de las
urgencias más grandes que tiene el país y terminen por las ramas hablando de lo
mismo, de temas coyunturales, casi que la rutina en una campaña en busca de
votos, que es para ellos lo más importante.
El temor de abordar temas álgidos por miedo a
perder el favor electoral los aleja de realidades tan visibles como la urgencia
de una profunda y estructural reforma a la justicia, la misma que el Congreso
le viene negando al país durante las últimas tres décadas.
La desvencijada clase política se ha dedicado a ponerle
paños de agua tibia al paciente, mientras este colapsa, hace metástasis en todas
las esferas del gobierno, nos vienen
engañando con el cuento peregrino que los problemas del país son las guerrillas,
el narcotráfico y la corrupción, pero no profundizan que todos estos gérmenes se
expanden por Colombia como una plaga apocalíptica es justamente por la falta de
una justicia fuerte, oportuna, sólida, digna e imparcial, pero a la vez dura y
contundente contra el crimen.
La Constitución del 91 enmarcada bajo la premisa en
un estado garantista nos entregó herramientas como la Fiscalía General de la
Nación, una apuesta moderna para luchar contra el delito y la impunidad, pero
35 años después los despachos siguen bajo la misma paquidermia, los procesos
amarrados con cabuyas en los estantes y la impunidad galopando sobre un 93 y
hasta un 99% en algunos casos.
Los legisladores han armado las leyes a su antojo,
a la medida de sus delitos, hoy un delincuente de las entrañas del Congreso,
condenado en segunda instancia por corrupto, puede salir de la Picota a votar
en contra de las reformas sociales, a burlarse del pueblo en su cara, en medio
del aplauso de su partido, porque ese Estado garantista no solamente, le da una
primera oportunidad, sino una segunda y una tercera en casación para alegar su
defensa. Ellos mismos hicieron la ley.
Desde luego que esto no es estar en contra de un
estado garantista que es mucho mejor que uno represivo, pero al delito hay que
ponerle freno dentro del marco de la ley.
La justicia un siglo después sigue siendo para
ruanetas, para aquellos que no tienen, ni la plata para costearse una
rimbombante defensa con los tradicionales abogados de la mafia, ni el poder, ni
las influencias para dilatar un proceso hasta revertirlo a su favor.
Otro hampón es beneficiado por los igualmente hampones
y supuestos administradores de justicia para que salga a reorganizar su partido
y recorrer el país, a burlarse no solamente de la justicia sino de la sociedad
en general que observa impávida, impotente como los carteles del delito se
adueñan metro a metro de Colombia.
Ojalá Iván Cepeda, próximo presidente de los
colombianos tenga la inteligencia, la capacidad y la voluntad política para
armar un bloque valiente y resuelto desde el Congreso para darle un vuelco
total al sistema de justicia, sin temor al costo político, sin miedo a las
mafias que hoy manipulan el aparato judicial desde un promiscuo municipal en un
apartado pueblo, hasta las encumbradas “Altas Cortes”, la sal se corrompió por
completo.
El Estado Social de Derecho debe descansar sobre el
pilar de una recta justicia, sin esta, ese estado será fallido, un simple
término naufragando en el abismo de la retórica. En síntesis, sin justicia, no
existe Estado Social de Derecho.
La Fiscalía General de la Nación, no puede ser la
plataforma para amparar el crimen organizado, trasnacional como opera hoy, ni
mucho menos una arma política para proteger el gobierno de turno,
entrampar la paz y hacer fracasar un
proceso que durante seis lucros anheló el pueblo colombiano, los tiempos de
Hitler y su temida Gestapo reviven en actuaciones de la misma Fiscalía, alias
“Papá Pitufo” no hubiese construido ese imperio del crimen, no se habría fugado
a Europa, de no contar con el apoyo de poderosas fichas dentro de
establecimiento.
Las llamadas “Altas Cortes” denominadas así quizá
por la altura de los edificios donde operan, se convirtieron en núcleos
intocables de ese poder mafioso. “Si caigo yo caemos todos” exclamó un
magistrado cuando le abrieron una investigación por corrupto. Ahí está la
radiografía.
En ese marco trágico operan otras joyas como: La
Contraloría General de la Nación, la Procuraría General, el Consejo Nacional
Electoral y ahora han metido en el mismo lodo al Banco de la República. Armas
políticas, instrumentos de presión contra un gobierno al que las elites
mafiosas del poder detestan.
Entre tanto, la impunidad reina en todo su
esplendor, algunos estudios revelan que en Colombia solamente un 5% de los
delitos son judicializados, la impunidad en general se campea entre un 93 y
hasta un 99%, el 93% de las denuncias no avanzan, no se resuelven, en temas de
corrupción en algunas regiones la impunidad raya el vergonzoso 99%
Sobre el esclarecimiento de crímenes contra líderes
sociales ni hablar y que tal sobre delitos sexuales en el marco del conflicto.
Solamente el 2% llega a sentencias condenatorias.
La impunidad la alimenta también la falta de
confianza en el aparato judicial, muchos no creen, no tienen confianza, simplemente
no denuncian, convencidos que no pasará nada y si a esto le sumamos la carga
laboral en los despachos judiciales, la acumulación de procesos, la falta de
personal, entonces apague y vámonos.
Entre tanto, mientras el país se hunde en la impunidad,
en el mar de los delitos, la falta de justicia en general, los dignatarios
duermen sobre los laureles, arropados en extravagantes sueldos, gabelas y
prebendas, engordan multimillonarias pensiones, trafican con puestos para sus
hijos, parientes cercanos y hasta para sus amantes alcanza. Son infalibles,
están por en cima de la Constitución, de la ley, del presidente de la República
y cuando alguien se atreve a cuestionar su accionar, entonces ponen el grito en
el cielo, no solamente en Colombia, sino donde papá Estados Unidos que es donde
llegan todas las quejas de los subordinados. “La democracia está en peligro”
gritan, la misma que ellos están acribillando, “Están interfiriendo la
separación de poderes” dicen, para seguir durmiendo el cómodo sueño con que la
fortuna y la política los privilegió. Son sencillamente ciudadanos infalibles,
intocables, amos supremos de la patria.
Por eso les produce urticaria una Asamblea Nacional
Constituyente, aun siendo una figura constitucional, para ellos es simplemente
obra de dictadores. Así están de felices en su zona de confort. “Carteles de
la toga”, mejor nombre no le ha podido asignar a semejante esperpento, a
semejante engendro en el que convirtieron la justicia.
- Urabá/abril 20/2026.
