miércoles, 17 de julio de 2013

Las autoridades deben actuar

Las graves denuncias publicadas por este medio de comunicación, tanto en la edición de Junio, como en la presente de julio, deben motivar a las autoridades competentes a iniciar las investigaciones correspondientes y aplicar la ley con todo rigor. Se está jugando con el patrimonio de todos los habitantes de Carepa.


Si bien es casi que un crimen denunciar los ilícitos, en una sociedad carcomida por la corrupción y donde el delito si paga, al menos sería un poco elegante que las autoridades tanto penales como de control, se tomaran la molestia de investigar y sancionar de manera oportuna y ejemplar, las denuncias que ha hecho este medio informativo en sus dos últimas ediciones, ya que el acerbo probatorio que se incluye en los informes son más que suficientes para convertirse en cabeza de proceso, tanto fiscal como disciplinario y penal.

Un alcalde no puede burlarse de su pueblo de una manera tan soberbia y arrogante, de desmontar su Plan de Desarrollo y seguir cubierto bajo el manto de la impunidad. Tampoco las autoridades citadas se pueden hacer de la vista gorda cuando el Instituto Municipal de Deportes ha sido saqueado de la manera más vergonzante, como lo pudo constatar la propia Contraloría General de Antioquia en un documento de 25 páginas, cuya lectura produce náuseas. Estamos seguros que en otra región, ya el alcalde Agapito Murillo, estaría privado de la libertad o en su defecto suspendido del cargo; sabemos que la justicia cojea y que siempre ha sido para los de ruana, pero hoy los tiempos han cambiado, el control político y social, está en manos de la comunidad, la cual cuenta con modernos medios para hacerse sentir.

Hemos escuchado que algunos sectores de la sociedad civil y democrática de Carepa, están promoviendo una gran marcha por la dignidad del municipio y en contra de la corrupción. De ser cierto, sería la primera de esta naturaleza y pasaría a la historia de Urabá, escrita en letras de molde.

Los esfuerzos hechos por el honorable Concejo Municipal, en otras épocas, para aprobar la estampilla que capitalizaría el IMDER, o que al menos le serviría de paliativo a las enormes afugias económicas que padece, se han perdido, los dineros de los locales que este ente posee y que tiene en arriendo, se manejan como una fritanga de barrio, no hay contaduría, no hay soportes de nada y la plata entra y sale de los bancos como si fuesen propiedad privada de los funcionarios públicos.

Lo que la Contraloría General de Antioquia encontró en este Instituto es repugnante y no se puede quedar en el papel, porque la frustración para las gentes de bien de Carepa, que son su gran mayoría, sería enorme y la desconfianza en sus autoridades sería mayor de la que hoy existe.

La verdad es que no alcanzaría la edición completa de este periódico para denunciar las irregularidades cometidas en la alcaldía de Carepa y que a diario llegan a nuestras oficinas. Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos de a pie en este municipio es, ¿dónde estaba el alcalde durante la vigencia del año 2012, cuando se cometieron todas estas irregularidades en el IMDER?, ¿acaso él no es el nominador y presidente de la junta directiva? ¿Será entonces como cabeza de la administración municipal y representante legal del municipio, responsable solidario en estas anomalías? ¿Por qué prescindió del asesor que destapó la olla podrida y no actuó con mano firme?
 
Son dos hechos bastante notorios los que se han registrado desde la administración pública de este municipio, ambos sustentados y documentados cabalmente, el primero, basado en informes de la propia alcaldía, lo que no deja espacio para la duda o para afirmar que al mandatario se le está calumniando y el segundo, teniendo como base a la Contraloría General de Antioquia, fuente oficial irrefutable en materia fiscal.

Nuevamente volvemos a insistir que lo público, público es y por tanto el control legítimo lo pueden hacer los medios de comunicación y los ciudadanos del común, sin necesidad de ostentar título o rango alguno. Es simplemente un derecho legal y constitucional y el servidor público, siempre estará expuesto a este control, que en el caso que nos ocupa, le causa tanta urticaria al gobernante.