Por: Wilmar Jaramillo Velásquez
Columnista
EL PREGONERO DEL DARIÉN
No deja de sorprenderme, ni
dejo de citar la frase del gran Víctor Hugo: “La Justicia es una telaraña para
proteger al fuerte y enredar al débil”. La gran mayoría de los funcionarios
públicos creen que administran su propia empresa privada o su negocio
particular, su fuente individual para apropiarse del presupuesto público y el
ciudadano de a pie, el que no lleva recomendación, el que no lleva la tarjetica
del jefe o el capo de la política local, el que no tiene quien anuncie su
llegada con una llamada previa, les importa un pito.
Yo
me pregunto ingenuamente, ¿si un empleado público, no tiene nada que temer, no
esconde nada y está actuando correctamente, cumpliendo su deber ajustado a la
ley, cuál es el problema para responder un derecho de petición, cuando en la
mayoría de casos tiene apoyo jurídico, cuando es solamente dar clip a un
archivo e incluso lo puede enviar por internet, sin gastar impresión ni
mensajería?
El
ciudadano colombiano logró una de sus mejores conquistas tras la Constitución
del 91, enmarcadas en el derecho de petición y la tutela para hacer valer sus
derechos fundamentales, un logro que se ha venido quedando en el papel, por
culpa de unos jueces perniciosos y aliados de la corrupción, por culpa de unos
procuradores provinciales que uno no sabe para qué diablos los nombran, fuera
de cobrar jugosos sueldos, viaticar y calentar silla, porque no sirven
absolutamente para nada más.
Hace
pocos días fue fortalecido el derecho de petición e incluso puede ser verbal,
ya no se requiere ni siquiera citar los formalismos de ley, para que el
funcionario lo resuelva, está reglado también que si el peticionario es un
periodista, se le dará prioridad en la respuesta, pero nada de esto ocurre, el
funcionario se niega a responder la mayoría de las veces, y cuando le da la
gana de hacerlo, no responde lo que se le pregunta, no solamente se cree dueño
y señor de un cargo que es público, sino que abusa y viola la ley de frente y
con sobrada impunidad.
Después
nos preguntamos por que se congestionan los juzgados; solamente diez mil
incidentes de desacatos de tutela esperan ser resueltos por los jueces, gran
parte de ellos por derechos de petición negados en todo el país, y pese a que
la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Mauricio González, definió
que los jueces tendrán diez días para aplicar las sanciones por desacatos a
tutelas, lo que antes quedaba al libre albedrío del juez, tres o cuatro años,
es decir a la libre impunidad, tampoco se está cumpliendo, seguimos siendo país
de leyes y leguleyos.
Con
esa tolerancia, léase impunidad de los jueces, la tutela simplemente estaba
perdiendo sus efectos de salvaguarda de los derechos fundamentales y fomentando
la congestión en los despachos judiciales.
Pero
miremos el modus operandi, un ciudadano invoca un derecho de petición y este le
es negado, entonces acude al incidente de desacato por medio de la tutela,
cuando el juez llama al funcionario infractor, este responde extemporáneamente
lo que debió responder en los tiempos de ley, luego el juez le dice al
ciudadano, léase víctima, que la causa que motiva el incidente de desacato ya
fue superada y archiva, cuando la falta disciplinaria ya fue cometida, además
está tipificada como falta grave, sancionada con suspensión o destitución de
acuerdo al caso.
Ahora,
cuando el peticionario en el escrito de desacato le pide al juez que compulse
copias de lo actuado a la procuraduría competente, para que esta investigue y
sancione al funcionario en cuestión, el juez no lo hace y si por alguna
excepción lo hace, en la Procuraduría cae en un abismo de impunidad peor,
porque mientras el patrón se ha dedicado a ponerle el palo en la rueda al
proceso de paz, a impulsar su campaña presidencial desde su despacho y a
perseguir las libertades constitucionales ciudadanas, sus socios en la
provincia no matan una mosca y ahora responden con una frasecita que no produce
sino rabia:“ el despacho se inhibe de abrir investigación en contra del funcionario”…
Yo me quedo con la frase de Víctor Hugo: “La Justicia es una telaraña para
proteger al fuerte y enredar al débil”.
