Mesa de Proceso Social de Garantías se reunió de manera extraordinaria para abordar la situación de seguridad de reclamantes de tierra y representantes de organizaciones sociales.
Las autoridades departamentales, se
comprometieron con acciones inmediatas
En las últimas horas se llevó a cabo un encuentro del Proceso Social de Garantías con la participación de algunas instituciones departamentales y sus delegados locales en Urabá como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la UNP, la Gobernación de Antioquia y varias organizaciones sociales del departamento que representan y apoyan a víctimas del conflicto y delegados de la OEA y la ONU.
Se citó para buscar salidas ante la preocupación que se tiene por una serie de ataques de desprestigio y desinformación que en el Urabá antioqueño se están adelantando en contra de campesinos reclamantes de tierras y organizaciones como la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad, el Instituto Popular de Capacitación y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El origen de esta campaña de desprestigio son las decisiones que viene expidiendo los Jueces de la Republica en contra de empresas bananeras y las directivas de la región, por presuntos delitos de concierto para delinquir y financiamiento voluntario de grupos paramilitares y tras la sanción comercial internacional de FLOCERT a Bananeras de Urabá S.A.S. de retiro del sistema de comercio justo FAIRTRADE.
Esta situación en el marco del ataque sistemático a los líderes y defensores de derechos humanos que se viene presentando en el país pone en riesgo de seguridad a los reclamantes y representantes de estas organizaciones.
Los acuerdos fueron:
Reconocimiento político a los defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.
Generar una estrategia de respeto a las sentencias de restitución y los tribunales.
Representantes de la Gobernación de Antioquia buscarán una reunión de las organizaciones sociales con el Gobernador para explicarle la problemática
Mejorar las medidas de protección individuales, devolver las que se han retirado a defensores de derechos humanos y buscar medidas de protección colectiva para los campesinos restituidos.
Investigación penal frente a este montaje que se viene perpetrando.
Garantías para los fiscales que están frente a los temas e incluso se buscará que los fiscales asignados a estos casos sean de otras zonas del país.
Escalar internacionalmente la preocupación. (Fuente-Fundación Forjando Futuros)
Las medidas se extenderán a los fiscales que actúan en estos casos
