Editorial Marzo:
Muchos alcaldes han armado una alianza con personeros y jueces, para violentar de manera reiterativa el derecho fundamental de petición. Nadie investiga nadie sanciona. Carepa el campeón.
Wilmar Jaramillo Velásquez
director-EL PREGONERO DE LDARIÉN
Solamente cuando un funcionario público está delinquiendo, está ejerciendo mal su tarea, se debe incomodar, molestar cuando un ciudadano le solicita información pública, propia de sus funciones, cuando está obligado a responder en tiempos de ley, y cuando esta falta está calificada como grave, e incluso se puede sancionar con la destitución del empleado.
En Urabá hace rato viene haciendo carrera este flagelo, y como no hay nadie que investigue y sancione ejemplarmente a los responsables de estos hechos, entonces ellos siguen muy cómodos en sus mullidos sillones burlándose del pueblo, burlando la Constitución y la ley.
La alianza consiste, o al menos así operan, el funcionario público no le da la gana de responder al ciudadano, simplemente no le provoca contestar, pasa el tiempo, y cuando la víctima acude a la tutela, entonces del juzgado llaman al despacho para que respondan, así la tutela no procede, porque según ellos, “ya fue superada la causa que la motivó”, y así, en ese círculo vicioso, asqueante en contra del ciudadano, se mueven estos burócratas de oficio, desconociendo que se deben justamente a ese ciudadano al que deber respetar y acatar y así prosiguen, saltándose a brincos la Constitución, en un país cada vez más paria, más sometido por el delito y la corrupción.
¿Y qué papel juegan los personeros en su mayoría? guardar silencio cómplice, porque de paso sea dicho, se han convertido más en los abogados de los alcaldes y sus funcionarios, que voceros del Ministerio Público, que guardianes de los derechos ciudadanos.
Para que tienen los alcaldes esos costosos aparatos jurídicos, algunos que hasta se jactan de ser asistidos por “verdaderos doctores del derecho”, si no son capaces de resolver al ciudadano un simple derecho de petición y terminan congestionando innecesariamente los despachos judiciales.
No quedará otro camino que acudir a organizaciones sociales civilistas, con apego a la ley para buscar la forma de llevar estos casos a otras instancias, incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura, para ver si de pronto se le pone corta pisa a esta aberración que afecta seriamente a la sociedad en esta parte del país.
Por la información que tenemos, el municipio de Carepa es el campeón en estos casos.
