Asesinatos,
desplazamientos, disputas territoriales y miles de personas confinadas: esta es
la guerra que sufren los chocoanos ante el silencio de los medios y la inacción
de las autoridades.
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Un proceso de paz que se
diluyó en la violencia |
Por:
Elizabeth Dickinson*/ Razón Pública
Chocó
bajo fuego/Análisis de la noticia
“Nuestro
desafío es sobrevivir el día hasta la noche”, dice una lideresa juvenil en
Quibdó, contando como su ciudad está bajo fuego.
Según
la gobernación, durante las primeras semanas de este año fueron asesinados
catorce jóvenes en la ciudad de Quibdó, y al menos 60.000 personas estuvieron
confinadas en la zona rural aledaña, según estimativos de organizaciones
humanitarias.
Los
habitantes de la capital del Chocó viven entre barreras invisibles, robos,
reclutamiento y extorsión. Como dicen ellos mismos, “los niños tienen que ir
derecho de la casa al colegio y al revés, porque muchos jóvenes se pierden por
el camino o son reclutados por grupos armados”.
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| Una ciudad bajo el fuego |
La tragedia que
sufre el departamento apenas aparece en los medios de comunicación. Y las
autoridades no dan respuesta.
En
el área de Quibdó y en otras zonas del departamento, la vida diaria está sujeta
a una violencia de baja intensidad, pero de alto impacto. Cinco años después de
la firma del Acuerdo con las FARC, la promesa de tranquilidad sigue lejos de cumplirse
para esta región tan duramente afectada por el conflicto de las últimas
décadas. En definitiva, la guerra está de vuelta en el Chocó y esto ha
producido la peor crisis humanitaria de los últimos quince años, según cifras
de la Defensoría del Pueblo.
“Lo
que más me preocupa es el silencio de las comunidades”, explica una dirigente
de la región. La tragedia que sufre el departamento apenas aparece en los
medios de comunicación. Y las autoridades no dan respuesta.
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| Foto: Twitter: Crisis Group - Las comunidades quedaron en medio de un fuego cruzado, pero esta vez no hicieron lo que antes habían hecho —abandonar sus tierras para engrosar el número de desplazados— sino que ahora optaron por encerrarse. |
El
ELN contra el Clan del Golfo
Para
los grupos armados, el Chocó es atractivo por sus rutas fluviales (lo cruzan
tres ríos), por su frontera con Panamá y por el fácil acceso a los dos océanos.
La escasa presencia de las instituciones facilita los movimientos clandestinos.
Y aunque esta realidad no ha cambiado desde la firma del Acuerdo, según un
analista de la zona, “nunca ha habido tantos hombres armados como ahora”.
La
reconfiguración del conflicto en Chocó empezó pocos meses después de firmarse
el Acuerdo. Algunos desplazados volvieron a sus tierras y festejaron la navidad
de 2016, pero la violencia no tardó en volver:
En
2017, el ELN pasó de tener presencia en seis municipios a controlar diecinueve.
Su expansión fue “prácticamente simultánea” a la dejación de armas por parte de
las FARC.
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La pobreza, carne de
cañón para la guerra |
Al
mismo tiempo, el Clan del Golfo se lanzó a controlar las rutas fluviales, desde
su base en Urabá, Antioquia. Al principio, los miembros del Clan entraron por
las zonas históricas de despliegue: Carmen del Darién, Río Sucio y Bojayá.
Vestidos con uniformes camuflados o negros, se tomaron pueblo tras pueblo,
hasta controlar la subregión de Darién y una gran parte del Atrato. Desde allá,
arrancaron hacia la subregión del Baudó.
La
pelea por el control territorial entre el ELN y el Clan del Golfo se está
calentando cada vez más. Desde agosto han aumentado los choques entre ambos
grupos en zonas rurales del departamento, más específicamente en la subregión
de San Juan.
El
Clan parece tener la ventaja militar y hoy en día manda en gran parte de la
zona rural del departamento y en casi todos los cascos urbanos. Tan
pronto el Clan consigue el control militar de un territorio procede a
consolidar su presencia económica y social utilizando una mezcla de violencia y
ofertas tentadoras: entrega salarios y regalos a cambio del silencio de la
comunidad; amenaza, desplaza o mata a líderes o activistas que ponen en duda su
autoridad. Por otra parte, el ELN se aferra al territorio que le queda y
también recurre a la mano dura.
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| Un paisaje opacado por la muerte |
El
confinamiento
Las
comunidades quedaron en medio de un fuego cruzado, pero esta vez no hicieron lo
que antes habían hecho —abandonar sus tierras para engrosar el número de
desplazados— sino que ahora optaron por encerrarse.
“Hemos
logrado, al menos, que la gente se quede en el territorio para defenderlo”, nos
dijo un líder campesino. “Pero hay días cuando toda la comunidad tiene que
rebuscarse la comida, porque claro, el mercado se acaba”.
Al
principio, el confinamiento fue una herramienta de resistencia, pero después
los grupos armados empezaron a usarlo para sus propios intereses. Por ejemplo,
cuando el Clan del Golfo entra a una vereda controlada por el ELN, los
guerrilleros ordenan que la comunidad se confine para usarla como escudo humano
y evitar la toma del pueblo.
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| Chocó, paraíso olvidado |
Quibdó se ha
vuelto un campo de batalla. Durante años, la ciudad ha recibido olas de
desplazados y por eso proliferan los barrios informales.
A
veces, uno de los dos grupos instala minas alrededor de la vereda, para impedir
que entren sus rivales. Sin acceso a sus cultivos, a los ríos y al transporte,
pronto la comunidad se enfrenta a una crisis alimentaria, de salud, e incluso
cultural, ya que se pierden las formas de vida tradicional.
La
guerra unilateral del Estado
La
fuerza pública se ha dedicado a debilitar al ELN en lugar de proteger a las
comunidades. A su vez, la muerte de los líderes de la guerrilla ha hecho que se
degrade su relación con las comunidades.
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| Falta mucha voluntad política |
Por
ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, una crisis de liderazgo en el ELN
habría contribuido a la ruptura del pacto que repartía San Juan e Istmina entre
los grupos armados presentes. Hoy en día, el sur del Chocó está viviendo el
resultado de esta ruptura. Desde agosto de 2021, el conflicto se extendió hacía
el extremo sur, donde el ELN tenía su último refugio en la región de San Juan.
En esas zonas de influencia del ELN, el grupo se ha impuesto sobre las Juntas
de Acción Comunal (JAC), recluta niños desde los doce o trece años y su
violencia cotidiana está normalizada.
Precisamente
por eso, la llegada del Clan del Golfo se ha basado en purgas, amenazas a
líderes y señalamientos de las comunidades.
La
violencia “invisible” en la ciudad
Mientras
tanto, Quibdó se ha vuelto un campo de batalla. Durante años, la ciudad ha
recibido olas de desplazados y por eso proliferan los barrios informales. Esto
ha sido una oportunidad para los delincuentes: las extorsiones, las vacunas, el
sicariato, el microtráfico y los robos son el pan de cada día.
En
su intento por controlar esta ciudad, tanto el ELN como el Clan del Golfo se
alinearon con bandas criminales: con “los Mexicanos” y “los Urabeños”
respectivamente. Según la iglesia católica, al menos 214 jóvenes fueron
asesinados en Quibdó en 2021, pero organizaciones de la sociedad civil aseguran
que hay un subregistro.
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| Una riqueza mal aprovechada |
“Los
Mexicanos son caóticos. Amenazan, desplazan y matan”, explica un religioso de
un barrio estrato 1 y 2 de la ciudad. “Con el Clan no hay extorsión, sino una
provisión de seguridad. Paran la delincuencia y evitan que haya homicidios,
porque eso hace ruido, y el ruido llama la atención de las autoridades. Su interés
es mantener la calma”. Según él, el Clan del Golfo pide tres cosas de la
comunidad a cambio de imponer la calma: un aporte de entre 5.000 y 8.000 pesos
por hogar cada ocho días, acceso a las casas del barrio para los miembros del
grupo y silencio.
Por
eso la violencia no desaparece, sino que se vuelve invisible. Los niños y niñas
son reclutados, desde los ocho o nueve años, como “campaneros”: vigilantes del
barrio que informan sobre cualquier novedad.
Se
rumorea mucho sobre la violencia sexual, pero nunca hay certezas, porque una
denuncia de violación trae como consecuencia una amenaza de muerte. Además,
muchas mujeres dependen económicamente de sus compañeros sentimentales, por lo
que tienen que tolerar abusos sexuales contra ellas o sus hijas.
Entre
la vida y el peligro.
Algo
parecido sucede en las zonas rurales, donde los miembros del Clan del Golfo
aparentan ser un ejército de ocupación benévolo.
En
la navidad de 2021, el Clan organizó un “concurso de luces” y asignó un
presupuesto para decoración a cada pueblo. El ganador recibió una vaca como
premio. Según las comunidades, el Clan celebra torneos de fútbol y hace que los
ladrones hagan labores comunales como castigo.
Con
promesas de salarios de alrededor un millón de pesos mensuales, el Clan es el
empleador preferido de la localidad y puede escoger gente con experiencia. Una
fuente de seguridad confirma que un gran porcentaje de los miembros del Clan
han prestado servicio militar.
“Los
grupos armados han vuelto a ser el Estado, la autoridad”, dice una oficial
humanitaria. “Uno siempre está entre la vida y el peligro”.
El
Clan también les cobra impuestos a las principales empresas de la zona —minería
y extracción de madera—. También cobra a los cultivadores de coca —y al parecer
controla la coca directamente —, cuya siembra se ha extendido hacia zonas donde
nunca antes había habido, como en el Medio y Bajo Baudó y en Bojayá.
“Han
logrado dos cosas que ningún Estado ha sido capaz de hacer: imponer impuestos y
ofrecer justicia”, explica un analista regional. Aun así, el precio que pagan
las comunidades es supremamente alto.
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| Elizabeth Dickinson |
Las
autoridades étnicas que pretenden mantener sus culturas y sistemas de
autogobierno están particularmente expuestas. Tanto el ELN como el Clan del
Golfo han dificultado el contacto de las autoridades étnicas locales con sus
contrapartes departamentales. Amenazan a los líderes hasta desplazarlos e
instalan líderes cercanos a sus propios intereses en los Consejos Comunitarios
y las Juntas de Acción Comunal. Los líderes indígenas que se han resistido a
tener cultivos ilícitos en sus resguardos también han recibido amenazas.
Algunos
oficiales humanitarios aseguran que la situación de confinamiento es aún más
grave de lo que parece. La inseguridad alimentaria es el riesgo más visible,
pero la falta de acceso a los cultivos, los ríos y las plantas de medicina
tradicional también implican una pérdida de tradiciones y formas de vida que no
se recupera fácilmente. Además de la pérdida de líderes, por asesinatos o
desplazamientos, esto ha resultado en que la comunidad tenga cada vez menos
capacidad de actuar.
Frente
a todo lo anterior, el Estado se limita a acciones superficiales: por ejemplo,
persigue a los grandes líderes del ELN, pero admite que es imposible controlar
los ríos o incluso muchos cascos urbanos pequeños.
“Los
grupos armados han vuelto a ser el Estado, la autoridad”, dice una oficial
humanitaria. “Uno siempre está entre la vida y el peligro”.
Elizabeth Dickinson*Analista
senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el
seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.
