A propósito del Día Clásico del Periodista este nueve de febrero, publicamos el siguiente análisis cedido por el portal Connectas, el cual nos muestra la cruda realidad, que tampoco es nueva.
Por Carlos
Gutiérrez/Connectas
El
homicidio de Mendoza puso en evidencia el desdén del gobierno por las
agresiones que sufren los periodistas mexicanos y se unió a los de José Luis
Gamboa, Margarito Martínez y Roberto Toledo, también perpetrados este mes. Se
suman a los 145 crímenes de profesionales de la información cometidos en México
entre 2000 y 2021 con un “posible vínculo por su labor”, según la organización
Artículo 19. De estos homicidios, 29 han ocurrido en los tres años de la
administración actual.
Para
el periodista y académico Darwin Franco la situación no solo es “grave” sino
que se trata de un tipo de violencia constante e, incluso, sistemática. “Lo
que se busca mediante una agresión, un asesinato o la desaparición de un
periodista es acallar aquella verdad que se quiere dar a conocer y, por lo
tanto, impedir que las personas sepan. La agresión o la muerte de un periodista
tiene una consecuencia de carácter social porque las personas no pueden saber
lo que este periodista sabía o estaba investigando”.
Ya
lo había planteado António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas,
en su discurso del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los
Crímenes contra los Periodistas, en noviembre de 2020: “Cuando se ataca a un
periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los
periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones
fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden
hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa
contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido
por internet”.
Y
lo peor, la delicada situación del ejercicio periodístico en México no es un
caso aislado, pues hay agresiones a periodistas en casi toda la región
latinoamericana. En Nicaragua, por ejemplo, solo entre el 15 de julio y el 15
de diciembre de 2020 el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa
recibió la denuncia de violaciones a los derechos humanos de 66 periodistas.
Gran parte de las agresiones fueron cometidas por policías, paramilitares y
partidarios fanáticos del gobierno. Además, el Observatorio reporta que
“aumentaron las denuncias de amenazas en redes sociales, de hostigamiento,
persecuciones y tortura psicológica para intentar persuadirles de no seguir
informando. Igualmente, se documentó que ser periodista profesional de la
comunicación o defensora de derechos humanos es motivo de censura,
interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y en casas de
habitación”.
Por
su parte, el diario La Prensa –que ha sufrido particularmente la persecución
del régimen de Daniel Ortega– dio a conocer su Informe de violaciones a la
libertad de prensa 2021, en el que contabiliza 702 incidentes de abuso del
poder estatal en Nicaragua, durante ese año, similar a lo sucedido en 2018,
cuando se contabilizaron 712 casos.
En
Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó, únicamente
de abril a julio de 2021, 181 agresiones a periodistas cometidas por la fuerza
pública y 79 agresiones de particulares. Para Jonathan Bock, director ejecutivo
de la organización, ese año marcó un punto de inflexión frente al trabajo
periodístico y las garantías en Colombia.
Ese
clima de violencia tuvo que ver principalmente, según Bock, con los esfuerzos
de ciertos funcionarios por evitar que salieran a la luz los videos de las
manifestaciones masivas desatadas por la reforma tributaria. Recuerda que más
de 45 personas murieron durante las protestas. “Era fundamental garantizar el
trabajo de la prensa y eso no sucedió”, denuncia.
Para
Bock, en Colombia el gobierno transmitió un mensaje estigmatizante sobre el
contenido de redes sociales. Eso desató una política
de cyber patrullaje o monitoreo de los mensajes y del contenido de
las redes para determinar lo que el gobierno calificaba como “fake news”. Una
política que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó
durante una visita a ese país.
En
la región latinoamericana existen problemas antiguos y nuevos “que nos obligan
a mantenernos en un estado de alerta”, previene Ricardo Uceda, director
ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú. Entre los primeros
ubica los asesinatos a periodistas cometidos por el crimen organizado; se
refiere específicamente al caso mexicano. También menciona lo ocurrido en
estados autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los periodistas
son sistemáticamente perseguidos y encarcelados.
Por
su parte, Darwin Franco encuentra tres tipos de agresión contra los
periodistas: 1) las que vienen de los agentes del Estado, que puede incluir
querellas legales o penales y hasta espionaje, como el caso Pegasus,
el software especializado que Israel solo vende a gobiernos. 2)
Las del crimen organizado, que crea “zonas de silencio donde los periodistas
saben que no pueden hablar o decir algo porque está en juego su vida”. 3) Las
violencias internas, generadas por los propios medios de comunicación, “por los
compromisos que tienen los dueños con el capital o con el poder político”.
Gómez
ubicaba a México como el lugar más riesgoso para ejercer la profesión. Ahí
–apuntó–, corren la peor suerte los periodistas que trabajan para medios
pequeños o regionales, informadores que casi pasan inadvertidos. “De todos nos
hemos enterado de sus nombres, de sus apellidos o de si estaban casados o de si
en ese momento llevaban a su hija al colegio, el día que los asesinan; el resto
del tiempo son un nombre pequeño, a veces incluso unas iniciales con una
tipografía mínima porque como que eso no es relevante. Pues esas personas que
pertenecen a periódicos locales, son los periodistas locales mexicanos los que
ponen los muertos; son los periódicos locales, pequeñitos y sin grandes medios,
los que ponen los muertos por ser periodistas en México”. Una reflexión
aplicable a muchos otros países de la región, como Colombia.
Comúnmente
se piensa que quienes cubren temas de política o seguridad son los más
expuestos a este tipo de violencias, pero no todos cubren estas fuentes. Es el
caso de “compañeros que hacen trabajos en medio ambiente y que después han
muerto asesinados o desaparecidos por denunciar una extracción ilegal de
hidrocarburos o minerales o de recursos como madera. El crimen organizado y los
intereses económicos vinculados a ello están tan imbricados en diversos
escenarios que uno podría señalar que no hay un área del periodismo que esté
cien por ciento segura”, puntualiza Darwin Franco.
El
Estado no debe limitarse a tomar medidas cuando ya el periodista ha sido
agredido o asesinado. Hay acciones de prevención dirigidas a “atacar algunas de
las causas profundas de la violencia” contra los comunicadores y contra la
misma impunidad, dice la CIDH.
La CIDH también recomienda instruir a las
fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de los periodistas y adoptar
mecanismos de prevención “adecuados” que permitan evitar la violencia contra
ellos. Se debe respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus
fuentes de información y sancionar penalmente la violencia contra ellos.
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| Carlos Gutiérrez |
La violencia contra los periodistas latinoamericanos provoca una percepción de terror que daña aún más la de por sí ya pauperizada democracia de los países. Lo hace porque busca ocultar la verdad, silenciar las voces críticas, preservar la corrupción. Toca a las sociedades levantar la voz, y al Estado garantizar la seguridad de los comunicadores, así como investigar y hacer justicia para los que han terminado convertidos en mártires de la democracia. (Fuente Connectas)
*Carlos Gutiérrez
Periodista
mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Doctor en Lenguajes y
Manifestaciones Artísticas y Literarias, y Máster en Pensamiento Español e
Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Maestro en Artes
Escénicas por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la
Comunicación por la UNAM.
