El escándalo Benedetti-Sarabia podría ser el inicio de una crisis de grandes proporciones. Qué nos muestra este episodio, a cuáles otro se parece, y cómo afectará la agenda del gobierno y las elecciones de este año.
Camilo Cruz Merchán* Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién.
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| Foto: Facebook: Gustavo Petro - El presidente aprovechó las marchas convocadas por algunas centrales obreras para refrendar la pervivencia de una base social. |
Una chispa en mal lugar
Este
gobierno se ha distinguido por no transmitir un mensaje unificado a la nación.
Así lo muestran, entre otros, el uso indiferenciado de la cuenta de Twitter del
presidente como espacio personal y espacio de comunicación gubernamental.
La
visibilidad mediática de las disputas del presidente con la oposición, medios
de comunicación e incluso con usuarios de redes sociales, y los constantes
cambios o rumores de cambio en el gabinete.
En
medio de este desconcierto, la figura de la secretaria de presidencia, Laura
Sarabia, se había convertido en un referente de estabilidad.
Por eso
la banalidad y al mismo tiempo la complejidad, el abuso de poder e inclusive
las múltiples violencias detrás del escándalo y sus desarrollos
posteriores dejan una marca imborrable en la gestión del gobierno. Y a esto se
agrega la incertidumbre sobre el ingreso de dineros ilegales a la campaña del
presidente Petro. Estos sucesos afectan la legitimidad y la capacidad de
gobernar del mandatario.
Pero
parece que no será fácil llegar a la verdad, debido a la falta de garantías
sobre la transparencia o la apertura de investigaciones mediatizadas por parte
de un fiscal que funge ahora como cabeza de la oposición al gobierno. A lo cual
en su momento vendría a sumarse el carácter puramente político de un eventual
juicio ante el Congreso.
Respuestas iniciales
La reacción del gobierno ha sido como de costumbre: un período de silencio y reorganización de la estrategia. En este caso ha enviado mensajes dirigidos sobre todo a su base política, un territorio que el presidente conoce muy bien. Petro ha logrado aprovechar las marchas convocadas por algunas centrales obreras para reafirmar que cuenta con apoyo social.
Más
importante todavía: su primera respuesta oficial fue emitida en un evento de
las fuerzas armadas, lo cual de algún modo reafirma la legitimidad de su
mandato.
¿Cómo Samper en Colombia o como Colom en Guatemala?
Para
algunos sectores de la oposición, la situación tiene parecidos con el ya
distante “proceso 8.000”, escándalo de financiación ilegal de la campaña de
Ernesto Samper (1994-1998).
"Por eso la banalidad y al mismo tiempo la complejidad, el abuso de poder e inclusive las múltiples violencias detrás del escándalo y sus desarrollos posteriores dejan una marca imborrable en la gestión del gobierno"
Pero ese escándalo fue enfrentado por un presidente proveniente de un partido mayoritario, con mayorías en el Congreso, y un incipiente diseño institucional en transición al nuevo diseño de 1991. A la distancia, el proceso 8000 puede ser interpretado como un punto de inflexión en el dominio de los partidos tradicionales, o como la necesidad de garantizar el pluralismo político y controlar el riesgo de las economías ilegales para las elecciones.
Lo que
se ve hoy, en cambio, podría asemejarse más al gobierno de Álvaro Colom en
Guatemala (2008-2012). La llegada de Colom marcó la posibilidad de una
alternancia efectiva y el acceso de la izquierda al poder por vía electoral,
tras varias décadas de conflicto armado. Colom además apoyó el trabajo de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, establecida en
el 2006.
El
gobierno de Colom se vería afectado por muchos problemas, entre ellos
escándalos de financiación ilegal de la campaña, que serían investigados por la
propia CICIG, e incluso el oscuro episodio de la muerte de uno de los testigos
estrella de este proceso.
Sugerir
que la crisis de confianza institucional y el retroceso democrático en
Guatemala es producto único de los problemas de la administración Colom sería
sobredimensionar las explicaciones, pero sí es cierto que este gobierno fue el
comienzo de un ciclo de inestabilidad política que ha continuado hasta el día
de hoy.
Congreso que comienza a enredarse
Por
ahora hay dos espacios donde podremos observar las consecuencias de la crisis:
el primero es la relación entre gobierno y Congreso, y el segundo son las
elecciones locales del próximo mes de octubre.
En el
argot legislativo se llama “congelador” al proceso de sacar de la agenda un
proyecto de ley, de tal manera que no sea negada directamente, sí no dejando
vencer los plazos para su trámite en el Congreso. La crisis de gobernabilidad
actual puede hacer que los proyectos reformistas de Petro sean objeto de un
tratamiento semejante.
Una
presidencia débil disminuye los incentivos de los partidos para mantenerse
dentro de la coalición de gobierno. Pero dado que cada partido en Colombia debe
declarar su posición oficial al comienzo del período, es más factible que la
debilidad de la presidencia se refleje en falta de disciplina y cohesión entre
los integrantes de las bancadas, más todavía cuando los intereses de los y las
congresistas se entrecruzan con los de sus bases de cara a las elecciones
locales.
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| La gobernabilidad en riesgo. |
Otra
muestra de la falta de disciplina en la bancada de gobierno se presentó durante
la elección del remplazo de Roy Barreras como el presidente del Congreso.
Aunque el nombre acordado había sido el del senador Alexander López,
proveniente del PDA, hubo rumores de una candidatura alterna de Paulino
Riascos, proveniente del Pacto Histórico. Y aunque el acuerdo inicial acabó por
respetarse, este incidente bien puede ser una señal de lo que viene en la
siguiente legislatura.
Las elecciones de octubre
Las
elecciones subnacionales son un proceso complejo, tanto por la cantidad de
cargos en disputa como por la diversidad de actores políticos y de contextos
involucrados:
Un
primer elemento a tener en cuenta es el criterio diferencial que los
votantes suelen aplicar frente a las elecciones de alcalde o gobernador y las
de candidatos al Congreso.
Por
otra parte, aunque las alianzas locales suelen seguir el patrón de las alianzas
nacionales, los socios de coaliciones locales tienden a ser más numerosos e
involucrar también a fuerzas locales cuya ubicación con respecto al
gobierno nacional no es tan fácil de definir.
Además,
en nuestro sistema político, existe una división entre el sistema de partidos
nacional y los sistemas subnacionales. Esa división se expresa tanto en la
existencia de partidos locales fuertes, como en la mayor relevancia de los
partidos minoritarios nacionales en las elecciones locales o en el uso
estratégico de las candidaturas por firmas o independientes.
Todo lo
anterior implica que en la elección de alcaldes o gobernadores pesa más la
evaluación del contexto local que el voto de favor o de castigo a los partidos
y autoridades nacionales.
"La falta de garantías de transparencia en este caso es otra muestra del peligroso trasfondo de la crisis de gobernabilidad: la desconfianza en las instituciones y la imposibilidad de confiar en su actuación transparente dada la personalización percibida en las decisiones de las directivas de esas organizaciones"
Pero aun entonces, no se puede descartar el riesgo de que los escándalos de la presidencia perjudiquen a los candidatos del gobierno en las elecciones locales. Más aún cuando la fuerza principal, el Pacto Histórico, no ha probado su fuerza electoral sin la presencia y el arrastre de la figura de Gustavo Petro. Si la popularidad del presidente sigue disminuyendo como indican las encuetas, asociarse con el gobierno nacional no resultaría ser la mejor estrategia para ganar elecciones.
Chispa de última hora
Este
viernes se reportó la muerte violenta del teniente coronel de la Policía
Óscar Dávila, integrante de la unidad de seguridad de la Presidencia de la
República y uno de los testigos del interrogatorio de Marelbys Meza, la
exniñera de Laura Sarabia cuyas denuncias detonaron el escándalo.
Esta
muerte violenta obliga a que se exijan garantías efectivas para la
investigación imparcial de todos estos hechos. Se necesita en especial exigir
un mecanismo ad-hoc que garantice la no injerencia del ejecutivo ni del fiscal
general.
La
falta de garantías de transparencia en este caso es otra muestra del peligroso
trasfondo de la crisis de gobernabilidad: la desconfianza en las instituciones
y la imposibilidad de confiar en su actuación transparente dada la
personalización percibida en las decisiones de las directivas de esas
organizaciones. Tal desconfianza puede desembocar en retrocesos graves para la
democracia.
En últimas
Aún es
temprano para determinar los efectos reales de la crisis, más todavía porque
esto dependerá de la gravedad de las informaciones que se conozcan sobre el
caso Benedetti-Sarabia.
Pero, a
diferencia de otras ocasiones, existe ahora el riesgo real de que la
gobernabilidad del ejecutivo se vea limitada por el escándalo, lo cual le
obligaría a repensar su papel: no ya como un transformador en la política, sino
como un ejecutor pasivo en tránsito a la próxima elección nacional.
Un nubarrón más oscuro, si las denuncias se agravan, sería que el primer gobierno de izquierda no lograra tramitar las reformas sociales cuya promesa condujo a su lección.
Camilo Cruz Merchán
* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
