En las negociaciones con el ELN se juega más de lo que parece, y hay aspectos del proceso que amenazan desbordar a las dos partes. ¿Qué hay detrás de los primeros acuerdos y para dónde van la guerrilla y el gobierno?
Con bombos y con platillos
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| El gobierno registra algunos avances en el diálogo con el ELN, pero el camino es largo y espinoso. |
El
viernes 9 de junio se dio una gran noticia para la paz total, en medio de
semanas turbulentas para el gobierno Petro. Fue una puesta en escena que
revivió el encuentro entre Santos y Timochenko en La Habana en el 2016. De
izquierda a derecha: presidente colombiano, presidente cubano y máximo líder de
la guerrilla colombiana cerrando la foto, en medio de un apretón de manos.
Contra el reloj
Lograr
la paz con ELN es uno de los desafíos más importantes para el gobierno
Petro. Y para esto tiene el tiempo en contra. A diferencia de Santos, que
contaba con la reelección, Petro tiene apenas 4 años –casi 3 en este momento–
para posicionarse como el primer presidente de izquierda que dio fin al ciclo
de violencias insurgentes del siglo XX.
El
valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó
Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso. Por eso el presidente
insistió en que el ELN debe entender que la guerra fría ya terminó, que el
mundo ha cambiado y que es esta la oportunidad de acabar la fase de la
insurgencia armada en América Latina.
Este
llamado tiene un propósito concreto: agilizar, porque bien puede que el ELN no
tenga tanta premura como Petro. Más allá del valor histórico y simbólico, esta
urgencia tiene una doble motivación:
La
demanda misma de la población civil que reclama el final de la violencia en las
distintas regiones con presencia del ELN y otros grupos armados, y el
aprendizaje del proceso con las FARC: no basta lograr un acuerdo con un
gobierno si éste no es quien da comienzo a su ejecución. De otra manera se
corre el riesgo de dejar un acuerdo poco blindado ante el cambio de gobierno de
2026, sea cual sea.
Retomar
la agenda que se pactó con el gobierno Santos y lograr este cese a diez meses
de comenzar su gobierno es un avance sin duda significativo. Además del cese al
fuego, se han logrado avances como la salida de menores de edad de las filas
del ELN, cuyos protocolos de recepción están en curso.
"El valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso"
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| Foto: Facebook: Alto Comisionado para la Paz - La participación ciudadana es fundamental para continuar el proceso con el ELN. De esta manera, se pueden crear espacios para la rendición de cuentas y para conocer las exigencias sobre la violencia. |
Sorpresas esperables
Lo que
viene a continuación puede no tener el mismo ritmo. La participación de la
sociedad civil no es apenas un reto político, sino también logístico y
metodológico.
“En
materia de participación, no se puede inventar la rueda”. Las regiones ya han
participado en recientes e importantes escenarios como los PDET y el Plan
Nacional de Desarrollo; muchas de las necesidades y soluciones se conocen y un
exceso de asistencia a espacios de participación desgasta. Así lo señaló Iván
Cepeda el pasado jueves en A fondo, el podcast de María Jimena Duzán
(Cepeda es una de las voces más relevantes en el proceso por su papel de
clarificador de muchos de los mensajes discordantes).
Si la
intención efectiva del proceso es consultar la opinión de las comunidades, el
gobierno debe estar dispuesto admitir que en las mesas regionales se den más
que cordiales sugerencias para el acuerdo eventual entre el Estado y la
guerrilla:
Por una
parte, esos encuentros bien pueden ser espacios de rendición de cuentas, donde
las poblaciones presenten sus reclamos sobre el avance o no de las reformas que
abandera el gobierno. Más todavía cuando muchas de estas reformas se han
inspirado en el conocimiento más o menos generalizado de las demandas
preexistentes de las regiones.
Por
otra parte, es también de prever que las comunidades reclamarán acciones
inmediatas de reducción de la violencia, atención humanitaria y reconocimiento
de las víctimas. Algo de esto se vio ya en la Caravana Humanitaria del Bajo
Calima y el Medio San Juan.
Por eso
mismo, la metodología de estos espacios debe incluir reglas claras para evitar
revictimizaciones o evasiones en el reconocimiento de responsabilidades. Aquí
se juega la credibilidad de futuros escenarios de justicia transicional con el
ELN, por no decir que empezarían a operar como si fuera uno de estos.
El cese
y los secuestros
Son dos
las dificultades principales para que pueda operar el cese al fuego:
Primera
porque es un cese bilateral, pero en muchas regiones las acciones armadas no se
dan tanto entre el Ejército y el ELN, como entre diversos actores ilegales.
Aunque se intensifiquen las negociaciones con otros grupos armados, es muy
probable que se den acciones, por ejemplo, entre el ELN y las disidencias en
Arauca o entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó.
En
segundo lugar, no están prohibidas todas las acciones que involucran a la
sociedad civil. El ELN declaró que no abandonaría el secuestro ni las
extorsiones porque hacen parte de su economía de guerra.
Sobre
esto importan algunas precisiones. Aunque se muestre dispuesto a renunciar al
confinamiento y al reclutamiento de menores, el ELN se sigue negando a
abandonar la práctica del secuestro. Este es un grave error: el secuestro es un
motivo principal del repudio generalizado a las guerrillas en Colombia.
El ELN
argumenta que hace parte de su financiación, pero vale la pena preguntar si en
realidad este delito aporta tanto dinero a la organización como en su tiempo
pareció aportarles a las FARC.
"Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un fondo financien a una organización que se mantiene en armas"
Caso
distinto sería el de la extorsión, que no es apenas un mecanismo de
financiación, sino que cumple un doble y contradictorio papel entre el control
social y el seguro o la “cuota para seguridad” que se suele cobrar en las
regiones marginadas de Colombia. Por eso al combatir la extorsión no bastaría
con que el ELN renuncie a esta práctica sin que el Estado garantice la
seguridad de las comunidades afectadas.
El
fondo internacional
El
último remezón sobre el ELN vino del anuncio de un fondo internacional para
financiar a esta organización.
La
falta de claridad en los mensajes, una vez más, afecta la legitimidad del
proceso. El mensaje consistió en canjear esa financiación por el fin de los
secuestros y extorsiones, pero sin mencionar el compromiso de desmovilizarse.
Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un
fondo financien a una organización que se mantiene en armas.
Con el
paso del tiempo han llegado rectificaciones y matices que bien pudieron
ahorrase con un anuncio más claro y contundente.
Por
supuesto, es común que algunos gobiernos aporten para los gastos logísticos de
los integrantes de las guerrillas durante los procesos de negociación (pasajes,
estadías y similares). Esta financiación, en un escenario de participación,
podría estirarse a las acciones que pretendan disminuir la violencia
(seguimiento del cese bilateral, jornadas de participación, rendición de
cuentas a la sociedad civil, participación en caravanas humanitarias, etc.),
pero no puede dejarse lugar sobre la prohibición de financiar la operación
misma del grupo aún en armas.
De lo
contrario, nada evitaría que esos recursos se utilicen para el funcionamiento
mismo de un ejército rebelde: compra de armas, reclutamiento, entrenamiento
militar, acciones armadas contra otros grupos e incluso contra la sociedad
civil.
De
darse esta situación, se estaría echando por la borda toda posibilidad de
respaldo social a cualquier acuerdo que se logre. Las aclaraciones, por
fortuna, apuntan a lo contrario.
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