Al menos por ahora no los pueden derribar y la Inspección Municipal de Policía, queda mal parada ante la justicia, por violar el debido proceso. El lío judicial prosigue.
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| El desalojo de estos quioscos en Carepa, ha originado un lío jurídico que va para largo |
Tal como lo advertimos en días pasados, el intento de la administración municipal de Carepa de recuperar unos terrenos en la vía principal, salida hacia Apartadó, donde tradicionalmente han funcionado unos quiscos comerciales, generaría un lío jurídico que dará mucho de qué hablar en los estrados judiciales. Un despacho judicial tuteló los derechos de los ocupantes de los terrenos. Antes, el mismo Juzgado había decretado medidas cautelares para proteger los derechos de los quejosos ante la Inspección de Policía de este municipio.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Carepa, había resuelto de manera provisional una solicitud del
abogado, Arlinton Cuesta Mosquera, para que la Inspección Municipal de Policía
suspendiera el desalojo de dichos quioscos, además de aceptar la solicitud, de
vincular al proceso, a la Procuraduría Provincial de Apartadó y la Defensoría
del Pueblo.
El fallo
“Tutelar los derechos fundamentales invocados por la señora María Carlina Guisao Goez, a través de apoderado judicial, en contra de la Inspección de Policía de Carepa, Antioquia” dice el fallo notificado a las partes en las últimas horas.
Además: “ordena a la Inspección
de Policía de Carepa, rehacer el trámite de policía y proceder a convocar a
audiencia de lectura de fallo en proceso verbal abreviado en donde es
querellante Gustavo Alberto Salazar Jiménez.
“Resulta suficiente para
esta judicatura concluir que se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados, el derecho fundamental al debido proceso y defensa de la
accionante, pues se le cercenó el derecho de defensa ante la decisión
notificada en estrados, toda vez que la accionante en la fecha que se profirió
lectura del fallo, no estaba asistida del apoderado judicial por ella designado
para defender sus intereses. Más aun cuando la decisión allí proferida era en
disfavor de la accionante, con más razón se debió garantizársele el debido
proceso y derecho de defensa a la parte accionante”
Así se desprende del expediente,
la violación al debido proceso a los accionantes por parte de la Inspección de Policía
de Carepa, hecho que motivó el fallo en favor de estos y la orden a la citada inspección
policial, prácticamente de rehacer el procedimiento, brindando las garantías de
ley.
Al consultar al abogado de los quejosos, Arlinton Cuesta Mosquera sobre los efectos del fallo manifestó: “Esto no es más que una prueba en que estamos en un estado social de derecho, que no se pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos, máxime por entes estatales, justamente los llamados a proteger tales derechos; desde la defensa acudiremos a todos recursos que nos brinda la ley, justamente para hacer valer las garantías de estas personas” concluyó.
