Las acciones violentas del Clan del Golfo mostraron la debilidad del Estado, el desconocimiento que aún existe sobre estas organizaciones, y dejaron un mensaje claro a los habitantes de las zonas víctimas de la violencia. Aquí una historia del Clan, sus motivaciones, sus líderes y las consecuencias para el país.
Análisis de la noticia /El Pregonero del Darién
La debilidad del Estado:
Durante
el pasado fin de semana la capacidad militar del Clan del Golfo sorprendió al
país debido al paro armado que paralizó a más de ocho departamentos, ocasionó
serios problemas de orden público y dejó al menos siete personas asesinadas.
En estos departamentos se restringió tanto la circulación de vehículos de
transporte público y de carga, se cerraron los negocios y hubo duros castigos
para quienes incumplieron las órdenes dadas por el grupo criminal.
Entre
las características principales de un Estado se encuentra la potestad del
monopolio de la fuerza, ejercida y organizada mediante un grupo encargado de
velar por algunos de los intereses estatales: mantener la integridad
territorial, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento
de la ley —protego ergo obligo— siempre desde el respeto por la Constitución en
todo el territorio nacional. Es por esto que la no respuesta por parte del
gobierno y el envío de militares a las regiones apenas hasta las últimas horas
del paro fue causa de reproche e indignación.
"El Clan del Golfo logró dar un mensaje a las personas que viven en las regiones en las que tienen control: ellos son la autoridad, controlan los asuntos vitales y permiten o no la vida de quienes allí habitan. Ya con el mensaje dado de forma violenta, el constreñimiento armado del 29 de mayo no será necesario"
En
tiempos de las FARC no fueron visibles hechos de este tipo, ni siquiera al
haber contado con más de 33 frentes y un plan de expansión militar. Esto debido
a que sus planes fueron frustrados y replegados por las fuerzas del Estado,
dejando en evidencia que su capacidad ofensiva fue muy reducida en relación con
la fuerza estatal.
Dicha
debilidad fue uno de los motivos por los cuales la guerrilla tuvo que
considerar aceptar las mesas de negociaciones durante el gobierno de Juan
Manuel Santos, dejar las armas y acogerse a un proceso de reintegración a la
vida civil.
Tras
el acuerdo de paz el gobierno colombiano debió ser capaz de estabilizar y
controlar las zonas del país en las que hubo presencia militar de las FARC.
Zonas que durante mucho tiempo tuvieron como única autoridad a la guerrilla y
en las que existían cultivos de uso ilícitos, lo que llevaría a que otros
Grupos Armados Organizados (GAO) se las disputaran ante la ausencia de las FARC
para conseguir el dominio territorial de los corredores del narcotráfico.
Evitar
esta disputa era fundamental y debió hacerse por medio de la presencia militar
y la seguridad, pero también mediante la creación de la institucionalidad que
estuvo ausente durante tantos años en las zonas olvidadas de Colombia y que
fueron priorizadas en el posacuerdo.
Las nuevas guerras y el crimen organizado:
Pareciera
que lo que está viviendo el país tras el desmonte de las FARC es lo que la
socióloga Mary Kaldor llamó “nuevas guerras.” Según Kaldor, “las nuevas guerras
se dan en un contexto de desintegración de los estados [sic] donde compiten y
la guerra se dirige en contra de la población civil.” En dichas guerras
coinciden actores estatales y no estatales y se combina la violación de los
derechos humanos y la presencia del crimen organizado.
Algunos
investigadores sociales consideran que el remedio contra la violencia es la
generación de capital social. Sin embargo, el profesor Álvaro Fernández plantea
que “los sectores subalternos al poder, externos a las redes institucionales
que cuentan con menor capacidad de movilización de recursos, tienen una
capacidad limitada de oposición a esquemas de poder violentos.” Por ello, no es
posible que un grupo social enfrente a fuerzas organizadas para la depredación,
pero lo que puede suceder es que se imponga la violencia estructurada del
capital anti-social, como afirma Álvaro Guzmán.
Se
ha afirmado que la pobreza arroja a los individuos a la delincuencia. Pero no
es necesariamente cierto que los pobres sean arrojados a la violencia por su
condición socioeconómica.
Esta
afirmación desconoce que para que ocurra una conducta criminal son necesarias
ciertas mediaciones que afecten el entorno. Así mismo omite que las áreas donde
hay fuentes de riqueza rápida, producto de recursos legales e ilegales, se
asocian de forma más fácil a la violencia y dan lugar a grupos armados
organizados que se le imponen, tanto a la gente como a otros que quieran
lucrarse de dichas fuentes.
A
los factores socioeconómicos y el abandono del estado se suma el autoritarismo
nacional y subnacional —como plantea Giddens—. Esto significa que cuando a
nivel del Estado central ocurren procesos de modernización y ampliación de la
democracia, en las regiones, en cambio, las élites se cierran y se asocian
incluso con grupos criminales para mantener su control político en la zona por
medio de la intimidación, el desplazamiento y el asesinato de opositores
políticos.
Esto
es lo que conocemos como clanes políticos, muchos de los cuales hicieron
alianzas con grupos paramilitares —la parapolítica— para crear distritos
electorales, asegurar el control de las instituciones y evitar la competencia
electoral de otras fuerzas políticas por los cargos públicos.
El
crimen organizado se caracteriza por el uso de la violencia instrumental para
conseguir sus fines. Diego Gambeta planteaba que este tipo de organizaciones
criminales surgen en contextos donde hay desconfianza entre la gente y se
compite de forma perjudicial. Los grupos mafiosos fomentan la desconfianza
entre los ciudadanos y florecen en entornos donde hay poca presencia del
Estado, como sucedió en Sicilia Italia, cuna de la cossa nostra.
Con
el uso de la violencia y los cobros a cambio de seguridad, las mafias controlan
los negocios legales e ilegales que les puedan dar grandes ganancias y se
convierten en facilitadores de transacciones comerciales por medio de las
cuales aseguran la vida de quienes hagan un pago mensual.
Lo
que diferencia a los carteles de las mafias, según Gambeta, es que los segundos
venden protección mientras que para los primeros lo fundamental es evitar que
el Estado opere en sus áreas de influencia y para ello se valen del soborno.
Partiendo de la distinción que hace Thomas Schelling, “las dos funciones
principales de la violencia son: la fuerza bruta y la coerción”: los primeros
se imponen por vías de hecho, mientras que los segundos obligan a que las
personas hagan o consientan situaciones.
Otoniel: de guerrillero a paramilitar
En
el caso específico de Colombia, una de las cuestiones más difíciles es
desenmarañar el entramado criminal que opera en el país. Aquí, grupos
guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación, guerrilla maoísta,
terminaron mutando en otros como el Clan del Golfo —que hoy tiene presencia en
242 municipios de Colombia.
Justamente,
los hermanos Úsuga hicieron parte del EPL y, junto con otros exmiembros de la
guerrilla tras su desmovilización, se vincularon a grupos paramilitares de
Antioquia, hasta conformarse como el Clan del Golfo. La experiencia de
los Úsuga en la guerra de guerrillas les permitió crear un GAO que se expandió
rápidamente en más de ocho departamentos.
La
velocidad se debió, en primer lugar, a las tácticas aprendidas del maoísmo y el
modelo de las células, en el cual se reúnen tres o más personas con un delegado
para conformar un radio, luego un centro y de ahí una dirección, sobre la base
de la compartimentación de la información. La adopción de este modelo les
permitió mantener el anonimato entre los miembros y mantener la estructura a
salvo en caso de que alguno de los de bajo rango fuera capturado por las
autoridades.
En
segundo lugar, su expansión también se explica debido a la organización
criminal (modelo franquicia) en el que grupos delincuenciales de tipo regional
o local operan bajo la modalidad de sub-contratación criminal, realizando
delitos en nombre de la organización nacional. Esto permite que distintas
bandas delincuenciales tengan respaldo militar para mantener a raya la
expansión de otros grupos que quieran disputar sus rentas criminales.
Lo
que hoy es el Clan del Golfo, en principio, fue parte del grupo comandado por
Vicente Castaño quien, al ser traicionado por HH, heredó su red criminal a Don
Mario, que organizó una fuerza de combate con la que controló la región de
Urabá por medio del cobro de un impuesto por cada kilo de cocaína que pasaba
por la zona. Este impuesto lo convirtió en uno de los narcos más ricos del
país, pues dependía del acceso a la costa Pacífica y del Caribe.
La
captura de Don Mario en 2009 produjo una reorganización criminal en la que los
urabeños Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, y Dairo Antonio Úsuga, alias
“Otoniel”, tomaron su lugar y comenzaron con el reclutamiento de antiguos
guerrilleros del EPL para crear un estado mayor que permitió centralizar las
decisiones y producir un sistema de mando y control. Para este momento eran
conocidos como “Los Urabeños”, nombre que fue cambiado por el gobierno de Juan
Manuel Santos debido la estigmatización de los pobladores Urabá, con lo que
comenzó a llamarse “Clan Úsuga” o “Clan del Golfo”.
En
enero de 2012, Giovanni fue dado de baja por la Policía en una finca del
departamento del Chocó, quedando entonces alias “Otoniel” como cabecilla de la
organización.
Después
del desmonte de los grupos paramilitares se cerró la posibilidad de que el
gobierno estableciera negociaciones con grupos armados de este tipo. Sin
embargo, Otoniel quiso convertir su organización criminal en un grupo
neo-paramilitar, adoptando el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Con
ello buscaba dar un carácter político anti-insurgente a su fuerza de combate,
tal vez esperando establecer un eventual proceso de negociación con el
gobierno. Sin embargo, tal como pasó con los paramilitares, el dar un estatus
político a las AGC implicaba reconocer que existían dos ejércitos defendiendo
al Estado.
La
presencia del Clan del Golfo en los diferentes departamentos hace parte de una
estrategia de control de corredores estratégicos de movilidad. De acuerdo con
los datos presentados por Insightcrime, el Clan está presente en Antioquia,
Córdoba y Sucre, como un actor hegemónico, con influencia en Atlántico,
Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Estas
zonas son importantes debido al control de cultivos de uso ilícito, puntos de
embarque de la droga, trata de personas, y minería criminal.
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Foto: Twitter - El paro armado del Clan del Golfo fue una manera de decirle al país que sigue activo. https://twitter.com/Ronaldfvargass. |
Los
grupos narcotraficantes tienen como propósito establecer límites e influenciar
el comportamiento del Estado y así lograr beneficios para el cartel. Lo
fundamental es conseguir la no aplicación de la ley, por lo cual la corrupción
institucional es clave para mantener su control territorial, bajo la apariencia de control estatal.
El
dominio de estas zonas permite la movilidad de efectivos armados entre
departamentos, el control de vías de comunicación que permiten el
abastecimiento de víveres y material de intendencia para el GAO, así como el
control pleno de las rutas para el narcotráfico. Debido al monopolio de estos
corredores estratégicos es que ocurren los combates con otros GAO que buscan
expandir sus áreas de influencia; combates que provocan el desplazamiento de
población civil.
De este modo, el recrudecimiento de la violencia que se vive en varios departamentos obedece a las pretensiones que tienen el ELN, Las Disidencias y la Nueva Marquetalia de ejercer poder y controlar zonas donde predominan los cultivos de hoja de coca, y permiten garantizar la conducción de las operaciones ofensivas en contra de otros actores armados que hacen presencia en la zona.
La guerra fallida:
La
guerra contra el narcotráfico ha sido planteada como la solución para acabar
con los carteles, que no son más que organizaciones con el objetivo de lucrarse
con las ganancias del tráfico de drogas ilícitas.
Y
aunque se ha intentado aplicar el monopolio de la ley las ofensivas han
fracasado, pues la base de la violencia armada son los problemas profundos y
las condiciones precarias de vida que obligan a los campesinos de ciertas zonas
a cultivar hoja de coca para sobrevivir.
Por
su parte, la prohibición no desalienta el consumo de drogas. Al contrario,
contribuye a producir mercados negros lucrativos en donde distintos tipos de
organizaciones criminales surgen para controlar las rentas ilícitas y usar sus
ganancias para aumentar el número de miembros, mejorar sus capacidades
militares, comprar seguridad y protección, y corromper integrantes de las
instituciones a cargo de la seguridad del Estado, quienes terminan colaborando
activamente o mirando para otro lado.
A
diferencia de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, aquellas
dedicadas al narcotráfico no buscan conquistar el poder político; esto las
diferencia de grupos insurgentes como las guerrillas. Los grupos
narcotraficantes tienen como propósito establecer límites e influenciar el comportamiento
del Estado para lograr beneficios para el cartel. Allí, lo fundamental es
conseguir la no aplicación de la ley, por lo cual la corrupción institucional
es clave para mantener su control territorial bajo la aparencia de control
estatal.
El
terrorismo es una táctica, no una ideología. Como explica Pinker, “el
terrorismo es una violencia premeditada, perpetrada por un actor no estatal
contra no combatientes con el objetivo de coaccionar a un gobierno o transmitir
un mensaje.”
Queda
claro, a la luz de este planteamiento, que el paro armado del Clan del Golfo
fue una manera de decirle al país que sigue activo y que, al contrario de lo
dicho por el presidente y su equipo de gobierno, no ha sido derrotado.
Colombia
combate los carteles del narcotráfico desde los años 80 y tiene la experiencia
de la guerra terrorista del cartel de Medellín desatada en los años 90. Sin
embargo, estas organizaciones han mutado y se han dado procesos de absorción
criminal, donde unos actores han sido remplazados por otros, aprovechando las
retaguardias sociales que se crean en zonas marginales agobiadas por la pobreza
y la miseria.
En
estas zonas, estos grupos se convierten en una opción para muchos jóvenes que
al no ver perspectivas de futuro ingresan a bandas y pandillas, y luego son
reclutados por estos grupos que ven en ellos una experiencia criminal útil para
la organización.
A
pesar del curso de acción que tomen los acontecimientos, el Clan del Golfo
logró dar un mensaje a las personas que viven en las regiones en las que tienen
control: que ellos son la autoridad, controlan los asuntos vitales y permiten o
no la vida de quienes allí habitan.
Todo
esto puede tener efectos en las elecciones en esos departamentos, pues ya con
el mensaje dado de forma violenta, el constreñimiento armado del 29 de mayo no
será necesario.
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| John Jairo Hernández Montilla |
*Analista
e investigador social. Trabajador social con estudios en investigación judicial
y criminalística, conflicto armado y violencia. Analista en ÁgoraQRadio y
columnista de El Quindiano.
