La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía, motivación y un compromiso total con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Diego Alejandro Aguirre Mazo/El Pregonero del Darién
Opinión:
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| Diego Alejandro Aguirre Mazo |
Sin
importar que se trate de una refinada nota diplomática entre Estados, un
plantón de empleados de algún emprendimiento, una marcha pacífica o violenta,
un bloqueo o uno de los aterrorizantes paros armados que con más frecuencia de
la deseada se viven en las provincias y barrios marginados de Colombia, es poco
probable que un Grupo de Interés haga una protesta y que la sociedad a su
alrededor no reaccione. De una parte, el colectivo alza su voz y llama la
atención, mientras la institucionalidad y la población afectadas por la
protesta responden de acuerdo con sus intereses, dinámicas de vida, a sus Funciones
Legales y a su papel en esa sociedad impactada por la protesta (legítima o no).
En
el caso de los Servidores Públicos les corresponde actuar según se los ordene
la Constitución y las Leyes Colombianas, normas en las que se plasma el
repertorio de “competencias” (funciones legales) que cada empleado del Estado
tiene; por eso su respuesta frente a la protesta debe enmarcarse estrictamente en
los límites y mandatos que estipulen las Leyes para el ejercicio de sus
respectivos cargos. Ya es un asunto meramente de comidilla mediática (e incluso
electoral) si al ciudadano le parece correcta o incorrecta la actuación del
servidor público.
Una deficiente formación básica de los ciudadanos en el entendimiento de la Constitución Política en la que se mueve su vida y el fácil acceso de medios de comunicación para emitir opiniones, hacen necesaria la reflexión sobre el uso de las redes sociales para señalar sin desparpajo a todo tipo de servidores públicos, acusándoles en ocasiones de ejecutar supuestas acciones u omisiones en ocasiones no probadas por quien se toma la tarea de hacer el señalamiento.
Ese
uso deliberado con frecuencia siembra en el imaginario colectivo un descrédito
mayor de la institucionalidad en una especie de inquisición mediática que solo favorece
a los violentos. Entonces falla el Estado al no garantizar una educación básica
que le permita a todos sus miembros entender las funciones constitucionales de
los Servidores Públicos y falla la sociedad civil cuando, ante el miedo a los
violentos y la impotencia del encierro, busca un culpable en las instituciones
democráticas que debería proteger y respaldar.
Diseñar y ejecutar un plan para armarse y salir clandestinamente a una vía rural a esperar el paso de un vehículo para incinerarlo y no dejarse atrapar de la autoridad policial o militar, requiere de una planeación relativamente sencilla, mucho ánimo violento y es una tarea quizás costosa en cuanto a recursos necesarios, pero con alta posibilidad de “éxito”; al otro lado del espectro la tarea de la planeación, el despliegue y la capacidad de las fuerzas militares y de policía para evitar que este tipo de hechos violentos sucedan, es una tarea con éxito limitado y casi improbable.
La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía,
motivación y un compromiso total con la protección de los derechos
constitucionales de los ciudadanos, por eso es también tan importante reconocer
como sociedad que esas fuerzas al final de los ciclos de violencia de los
armados ilegales muestran resultados medibles en capturas y judicializaciones, unas
cuantas caravanas militarizadas para mantener el abastecimiento de alimentos,
incautación de armamento y la frustración de algunos hechos violentos (quizás no
todos los que se quisiera).
Las
“instituciones” en realidad son los seres humanos que en ellas trabajan,
quienes hacen o dejan de hacer aquello que la ley les manda expresamente; esos
servidores públicos son personas que han surgido de las propias comunidades, tienen
sus familias y allegados afectados por los mismos problemas de convivencia que
generan los violentos. Cuesta entonces imaginar a unos generales, unos fiscales,
ministros y alcaldes, etc., frotándose las manos en una gran conspiración clandestina
de todas las instituciones para “no hacer nada”. La evidencia es que cuando
cesa el accionar de los violentos ahí continúan funcionando las instituciones democráticas,
ejerciendo la autoridad y prestando el servicio que se les delegó en el pacto
mayoritariamente aprobado desde 1991.
Es evidente que el Estado Colombiano carece de control del territorio porque el poder material acordado en la Constitución Nacional y legitimado con el voto, se ve superado por un poder real (de facto) ejercido por los individuos y grupos armados que sí son quienes mandan en muchos territorios. Aún el Estado no cumple con la tarea de garantizar la justicia y seguridad a todos los colombianos, ni siquiera lo hace en algunos barrios de las grandes ciudades en las que se concentran las sedes del poder político.
Un ejercicio simple como
dibujar en un mapa las zonas de una ciudad en las que se acata el uso
obligatorio del casco para conducir una motocicleta, es una buena imagen para
reflejar las limitaciones de nuestra institucionalidad; eso que se extiende a ámbitos
más complejos como la regulación de extracción de minerales, o del pago de
impuestos legales y por supuesto, así se llega hasta las garantías de seguridad
y justicia, de educación y del derecho a la salud, o cualesquiera de las otras
funciones legales que espera como ciudadano que cumpla el Estado Colombiano.
Colombia
tiene un territorio particularmente difícil de controlar y que sensato el señor
Gobernador de Antioquia quien tras los sucesos recientes tiene el atino de
aceptar públicamente ese hecho, pero sin atacar a las fuerzas militares y de
policía, sino por el contrario, elogiando la entrega y el esfuerzo que hacen no
solo en el paro armando, sino todos los días por proteger a los antioqueños. Ese
mensaje del Gobernador es un ejemplo de la urgente necesidad de pasar al
reconocimiento de las limitaciones en la cobertura del accionar del Estado
Colombiano, al margen del enfoque ideológico que se prefiera abordarlo.
Que
valientes los alcaldes de cualesquiera de los Municipios por fuera de las Áreas
Metropolitanas que tienen que enfrentar la violencia de quienes deciden tomar
vías de hecho para protestar, y que en la soledad de sus despachos tienen que
afrontar la realidad de ver en riesgo real su vida y la de sus allegados. Tiene
que continuar con su labor con el mismo terror natural que siente cualquiera de
la mayoría no violenta, igual de acorralados por un tipo de protesta que no
genera reflexión, ni vergüenza para el Estado, sino indignación por el maltrato
al que se ve condenado el mismo pueblo.
La protesta social sí debe incomodar y avergonzar al servidor público que obra mal. La protesta bien encaminada debe activar el respaldo popular y los mecanismos de participación para cambiar radicalmente el rumbo de alguna actuación oficial que no goce del respaldo popular. La Marcha, el Plantón, el “Cacerolazo”, la manifestación cultural o artística disruptiva, debe ser la forma de señalar el arrepentimiento por equivocarse como pueblo de depositar la confianza en algún representante del estado que se aleja del sentir popular.
Quizás debe ser
la tribuna para que resuene en los medios de comunicación el inconformismo, la
duda, el lamento y la necesidad de un cambio de actitud hacia la solidaridad y
empatía con el prójimo. Una protesta libre de cualquiera forma de violencia
innecesaria, dado que la violencia se convierte en una especie boomerang de
impulso infinito, que suele volverse con más violencia en todas las direcciones,
Entre
tanto la protesta violenta solo trae el miedo, que además de paralizar y confinar
comunidades, lleva al público en general a deshumanizar al otro, en especial
cuando está investido temporalmente como autoridad legal. El miedo impide al
elector entender que el voto popular no convierte a nadie en estrella de la farándula,
ni en mesías, ni en una especie de superdotado todopoderoso, por eso se hace
urgente empatizar con su condición humana. Por parte de los servidores públicos
urge la comprensión de que, al ejecutar su trabajo no le están haciendo ningún “favor”
a sus comunidades, que al contrario ellos gozan del privilegio de servir con
respeto, con ahínco y perseverancia a quienes les confiaron temporalmente la
autoridad que hoy ejercen, en el marco de la legalidad y con el necesario
reconocimiento de las limitaciones de recursos técnicos, humanos o económicos
que tienen en las instituciones a las que pertenecen.
El respeto de las instituciones democráticas acordadas en la Constitución Nacional y la resistencia civil no violenta es el camino para legitimar los necesarios reclamos que debe hacerse una sociedad, para entender sus propias limitaciones y diseñar un modelo de Estado en el que la solidaridad y la empatía vayan de la mano con la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida.
Mayo 15 de 2022.
