En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.
Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS
Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién
 |
| "Sin verdad no habrá paz" |
Víctor
Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio
humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien
pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre
ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver
apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros
de la capital colombiana.
Pero
esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el
continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo
mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen
democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para
secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en
combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía
el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un
aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones
en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.
El
pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a
nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una
audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial. En ella,
10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron
públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los
hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se
trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno
en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan
al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en
establecimientos no carcelarios.
En
la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los
familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros
de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la
audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos,
hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad.
Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la
orden”.
Actualmente
la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las
víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada
por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico,
disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y
crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos
positivos’, miembros del propio Ejército Nacional.
En
esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del
Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las
pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores
civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían
pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en
situación de calle.
Esto
ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido
que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de
la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el
nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre
los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos
no tenían relación alguna con grupos armados.
“Se
recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato
ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían
recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica
Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en
procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que
la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de
seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las
candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado
para ganar votos”.
Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.
Verdad y reparación
Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.
 |
| La dolorosa búsqueda de la verdad |
Jacqueline
Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes
de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia
oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el
proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de
saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica
que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares,
que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y
que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál
general daba la orden para cometer esos crímenes”.
Cecilia
Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha,
estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no
violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban
que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra
cosa distinta de nosotras”. Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia
manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho
una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia
declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro
Tamayo.
 |
| Para las víctimas, no deja de ser un alivio, conocer la verdad |
A
pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y
además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para
ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos
positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario
Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público
que la embarró”.
Para
Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director
operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso
de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de
responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una
explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”.
En Latinoamérica
En
medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una
región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado
víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron
situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las
víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran
perdón.
En
Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión
Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones,
como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y
sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención
Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo
condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel,
pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual
hasta el día de hoy recibe críticas.
En
Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para
esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y
Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por
acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía
Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más
rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que
se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.
Y
es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no
significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y
reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello.
Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados
40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante
que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten
la verdad”.
 |
| Cristian Ascencio |
*Miembro
de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el
periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa
de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en
reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne
de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras
de los nazis en América Latina”.
