Hay un desespero de alcaldes y concejales por aprobar otras de las tantas modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), pero detrás se mueve un oscuro negocio.
Por: Wilmar Jaramillo Velásquez/Opinión/ El Pregonero del Darién
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| Wilmar Jaramillo Velásquez |
En Colombia
el llamado volteo de tierras, la anexión de territorios rurales al llamado
perímetro sanitario, las aprobaciones de planes parciales para extender la
construcción de vivienda de todo tipo, incluyendo condominios o casas de campo
que son los más usuales en la actualidad, cruzan por un largo y tortuoso camino
descompuesto hasta los tuétanos.
La aprobación
de estos procesos no es un trámite normal, bajo el cumplimiento de los
requisitos legales, desafortunadamente se ha convertido en una de las cloacas más
tenebrosas de la corrupción y el camino expedito para alcaldes y concejales
llenar sus bolsillos.
Cuando
no se paga en dinero efectivo, se paga con tierra en los proyectos aprobados,
por eso luego es muy común ver alcaldes y concejales propietarios en estos lugares
construyendo sus casas de retiro o simplemente convirtiendo la coima en plata.
Estos
turbios procedimientos están castigando a los ciudadanos decentes que no se
someten al delito hoy institucionalizado y sus proyectos de expansión urbana
duermen en los despachos de planeación municipal, sin la más mínima posibilidad
de ser aprobados.
Y como
si algo faltara, esta entrega de licencias a dos manos, sin una concienzuda planificación
en lo que tiene que ver con servicios públicos especialmente el suministro de
agua potable, llevarán en corto tiempo a problemas mayúsculos a los
territorios.
Paso a
paso la corrupción, la descomposición administrativa se ha ido convirtiendo en
paisaje, los ciudadanos inermes no se atreven a
denunciar porque tampoco tienen donde
hacerlo, no confían en una instituciones fuertemente permeadas
por el crimen, más demoran las denuncias
en llegar a fiscalías, contralorías o procuradurías, que los acusados en conocer de plano a los denunciantes a quienes se pone en alto riesgo y cuando más bien les va, entonces
estos entes de control, terminan negociando impunidad,
absoluciones y vencimientos de términos retorcidos para favorecer a los delincuentes, ya sea por
plata o por presiones de padrinos políticos.
Estamos
frente al desbarajuste de las llamadas instituciones, el desarme gradual de
nuestro Estado Social de Derecho, tan hermoso y sublime en el papel, pero tan
distante a la hora de buscarlo.
El
hampa política cada día encuentra oscuros recovecos para hacer dinero fácil,
casi que
sin dejar huella, no hay
denunciante, no hay delito, con estos procedimientos se tejen multimillonarios negocios que
terminan casi siempre arropados en el gran manto de la impunidad, por unas débiles
instituciones que pocas
veces se atreven a investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito
a la vista de miles de
funcionarios públicos que
disfrutan y alardean de sus fortunas mal
habidas de frente a la sociedad que humillan con sus acciones. ¿Después que la
sal se ha corrompido, que podemos esperar los ciudadanos de a pie?
Urabá abril/2023
