Aunque el gobierno y el Ejército quieren hacerlo pasar como un operativo militar legítimo, todo indica que este hecho sería un nuevo “falso positivo”.
Por: Boris Salazar de Razón Pública*/Análisis de la noticia
La masacre
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| Escenario de la masacre |
El
28 de marzo a las 6:00 a. m., tropas de la división de asalto aéreo del
Ejército de Colombia descendieron sobre el claro de selva donde doscientos
habitantes de la vereda de Alto Remanso y otras veredas vecinas realizaban un
bazar para financiar proyectos comunitarios desde las 10:00 a. m. del sábado
26.
Los
cientos de latas de cerveza amontonadas frente a la caseta comunal, en una de
las pocas fotos disponibles del lugar de los hechos, confirman que estaban de
fiesta y que la fiesta había sido larga y animada. También confirman que no se
trataba de un campamento militar del grupo residual 48 de las FARC, como
afirmaron el ministro de Defensa y varios voceros del Ejército, sino de un
espacio comunal con una gran edificación de dos pisos que parecía pertenecer a
una finca, una caseta comunal y un campo pelado que hacía las veces de cancha
de fútbol. El escenario no podía ser menos marcial.
Según
el relato de un sobreviviente, 30 hombres encapuchados, vestidos de negro, con
brazaletes naranja, sin chalecos, con capuchas que cubrían sus rostros hasta la
nariz, dispararon contra los civiles que se realizaban un campeonato de fútbol
con la participación de hombres y mujeres.
Cuenta
la mamá de la menor embarazada que resultó herida en la masacre: “después llegó
el Ejército. Todo el mundo se puso a gritar. ‘¿Dónde estaba la guerrilla?’,
preguntaban los uniformados. ‘Vayan a buscarla ustedes’, contestaba la gente.
Son los mismos. Luego se fueron en helicópteros y en tres lanchas piraña”.
La versión del Ejército
La
versión del comandante de la División Asalto Aéreo del Ejército, mayor general
Juan Carlos Correa, es muy distinta. Dice que las tropas debieron enfrentar un
fuego nutrido, pero su única evidencia de combate es el encuentro de un soldado
con un civil a quien no iba a disparar, por ser civil, pero que sacó un fusil y
le disparó al soldado, hiriéndolo. Resulta extraño que, en tan terrible
combate, las fuerzas de asalto hayan tenido apenas un herido.
Y
no hay más bajas del Ejército ni evidencia de un combate, con fuego nutrido,
entre las tropas de asalto aéreo y la “estructura militar” del antiguo frente
48 que era el objetivo de la operación, según el mayor general Correa. Solo
quedan los cadáveres de los civiles masacrados, los cientos de latas de cerveza
consumidas, los zapatos sueltos de las víctimas que corrían por sus vidas.
“¿Y qué hacían ellos? Disparaban y se agachaban para rematar a los heridos como si fuera una masacre y decían que eran guerrilleros”.
Pero
esos civiles asesinados y heridos en la masacre tenían nombres y familiares que
recordaban sus nombres y que sabían muy bien, porque los conocían, que no eran
miembros de guerrilla, y que no estaban armados, porque lo único que les interesaba
era jugar fútbol, tomar unas cervezas y celebrar con sus amigos y vecinos en
medio de la selva y de la guerra de décadas que les han impuesto los hombres
armados que llegan desde el centro del país: narcotraficantes, bandas
criminales y las fuerzas armadas del Estado.
Y
aquí las cosas comienzan a complicarse para el gobierno y las fuerzas
militares, que habían querido presentar la masacre como un operativo militar.
Ahora son de dominio público los nombres de algunos de los civiles asesinados
en el operativo: Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera; un menor de
16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro
Coquinche y Oscar Olivo Yela. Entre los heridos ya fueron identificados
Willinton Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade.
Argemiro
Hernández, padre de Divier, dice que después de ocho horas de espera se rebeló
contra los soldados y logró acercarse al cadáver de su hijo. “Lo alcancé a ver
muerto y lo abracé. Tenía tiros de gracia en la cara”.
El poder letal de las palabras
Al
ministro de Defensa, Diego Molano, le gusta posar de intelectual extraviado en
la ingrata tarea de defender a los colombianos de sus más enconados enemigos.
Su discurso es una extraña combinación de militarismo, teorías de la
conspiración y densos neologismos que le dan un falso aire de profundidad. El
trino que envió después de las primeras alertas es un clásico en su
género: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue
contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino
contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”.
En
palabras del ministro, la masacre dejó de ser masacre y se volvió una operación
donde tropas del Ejército “neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las
FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”.
La
clave discursiva está en el neologismo “narcococaleros”. ¿Quiénes pertenecen a
esa nueva categoría de personas? Los campesinos de regiones como El Alto
Remanso, que cultivan coca para obtener unos ingresos que les permitan
sobrevivir, pues no son suficientes los cultivos alternativos que el Estado no
ha querido financiar ni proteger. Pero el ministro, en “modo propaganda”, les
agrega la partícula “narco”.
Convertir a pobres campesinos cocaleros en narcos es legitimar el uso de las armas contra ellos y elevarlos a objetivos militares legítimos.
Es
decir, traficantes armados que tienen el capital, los recursos y los contactos
con las fuerzas armadas y policiales para comprar la hoja de coca,
transformarla en clorhidrato de cocaína, transportarla por las rutas apropiadas
y colocarla en el exterior. Algo que, por supuesto, no pueden hacer los
campesinos que las tropas de asalto masacraron en un modesto bazar en medio de
la selva.
Las
palabras pueden ser letales, sobre todo si se convierten en parte de la
doctrina militar y política de un Estado. Convertir a pobres campesinos
cocaleros en narcos es legitimar el uso de las armas contra ellos y elevarlos a
objetivos militares legítimos. Es legitimar, en las palabras, una acción como
la cometida el 28 de marzo.
Los civiles, entre el fuego cruzado
En
lo corrido del gobierno Duque, el número de hectáreas dedicadas al cultivo de
coca en el Putumayo se elevó a 24.000. Miles de familias malviven con lo que
les pagan traficantes, grupos residuales de las FARC y bandas paramilitares.
El
control de los cultivos y de los cultivadores, de los laboratorios y de las
rutas de salida de la cocaína están en plena disputa por parte de varios grupos
armados. Pelean entre ellos, pero coinciden en buscar el control y la lealtad
de los civiles mediante el uso de las armas, el asesinato y las masacres.
Ya
en febrero de este año habían ocurrido dos masacres en Puerto Leguízamo, que
habían dejado a seis personas asesinadas. El 2 febrero aparecieron quemadas y
con signos de tortura tres personas, y tres días después fueron encontrados los
cadáveres de tres hermanos, según reportó el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En
ese contexto de guerra contra los civiles, ¿cómo interpretar la masacre
cometida por las tropas de asalto aéreo del Ejército? Las Fuerzas Armadas han
hecho muy poco para combatir a las bandas armadas que operan en esta región.
Los cultivos de coca y las exportaciones de cocaína no han dejado de aumentar
ante la mirada indiferente de la fuerza pública. Tampoco ha dejado de aumentar
la violencia contra los civiles por parte de narcotraficantes, bandas ilegales
y fuerzas armadas estatales, cuyo objetivo es controlar la población y regular
el negocio del narcotráfico.
| Foto: Facebook: Diego Molano - Las palabras pueden ser letales, sobre todo si se convierten en parte de la doctrina militar y política de un estado. Para
la doctrina militar del gobierno actual, el enemigo no son las bandas ilegales
–sean disidencias o residuales de las FARC el ELN, el Clan del Golfo u otras
bandas paramilitares–, sino el campesinado cocalero que ha cometido el
“terrible crimen” de declararse independiente de todos los agentes armados,
incluidos los estatales. |
Los
hombres encapuchados que atacaron el bazar en Alto Remanso actuaron de acuerdo
con informes de inteligencia, como lo reconoció el general Correa. Sabían que
sus víctimas eran civiles y estaban desarmados y en fiesta, y por eso iban
encapuchados y vestidos de negro, ejecutaron a sus víctimas con tiros de gracia
y se retiraron para que llegaran las tropas del Ejército que sí “respetaban”
las normas del derecho internacional humanitario.
Al
general Correa le molestó que “los civiles que estaban ahí terminaran haciendo
una asonada, lo que obligó a que las tropas debieran retirarse del lugar”.
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| Boris Salazar |
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
