Aun no es claro si la decisión de invertir dinero de las AFP en obras de infraestructura pública beneficiará a los afiliados, pero existen elementos para dudar de que así sea.
Por: Kevin Hartmann*/Razón Pública/Análisis de la noticia
Un anuncio controversial
El
pasado 4 de abril, el presidente Iván Duque y la Asociación Colombiana de
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) anunciaron una
importante decisión: 4,5 billones de pesos se destinarían a inversión en obras
de infraestructura.
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| Muchas dudas dejó el anuncio presidencial |
El
acto solemne encabezado por el presidente sembró algunas dudas. Por ejemplo, no
fue claro si esta decisión se concertó con el gobierno o si fue tomada
autónomamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En
el primer caso, estaríamos ante un grave conflicto de interés, en la medida en
que el gobierno nacional tiene la obligación de supervisar, vigilar y controlar
las AFP a través de la Superintendencia Financiera. Por lo tanto, concertar una
decisión con el vigilado parece ser, por lo menos, controversial.
En
el segundo caso, no se explicaría por qué el presidente hizo el anuncio como si
se tratase de un logro de su gobierno, al tiempo en que vociferaba críticas
veladas a las propuestas de política social de otras campañas.
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La
manera de anunciar esta decisión dejó la puerta abierta para todo tipo de
interpretaciones, entre ellas que las AFP estaban respaldando al gobierno
saliente y participando de un acto abiertamente proselitista.
Las razones
Los
motivos que justificaron la decisión fueron ambiguos, pues no es claro si se
trata de una decisión autónoma de inversión de las AFP o simplemente del
cumplimiento de la ley 2112 de 2021. Esta ley obliga a las AFP a destinar,
precisamente, un porcentaje mínimo de inversión en infraestructura nacional a
través de fondos de capital privado.
Las
inversiones del ahorro pensional en infraestructura no son necesariamente una
mala noticia para los ahorradores. Pero, hasta ahora, los voceros de las AFP no
lo han justificado en esos términos, lo cual abre cuestionamientos legítimos.
Aunque
esta ley es inconveniente y antitécnica, como lo advertí en Twitter, está
vigente y debe ser cumplida por las AFP. Por lo tanto, es posible que el
anuncio solemne del presidente sea, simplemente, un aviso de que las AFP van a
cumplir la ley “muy amablemente”. Eso no ameritaría una interlocución
presidencial.
¿La propuesta beneficiará a los afiliados?
Para
tomar posición sobre la decisión de las AFP, es necesario hacer una aclaración
previa. En general, la pregunta que se ha formulado es si esa decisión es
positiva o negativa. Pero la pregunta está incompleta y plantear un debate a
partir de una pregunta incompleta es peligroso, pues le permite a cada persona
darle una lectura distinta según sus preconcepciones.
Para
refinar la pregunta, debemos dividirla en dos. Por un lado, debemos
preguntarnos si el anuncio es positivo o negativo para el desarrollo de la
infraestructura del país. Esa parece ser la lectura que le dan quienes
consideran que el anuncio es positivo. En ese caso, la respuesta debe ser
indudablemente sí, es positivo. Cualquier anuncio que implique mejorar las
condiciones de vida de los colombianos debe aplaudirse. Nadie debería oponerse
al desarrollo físico o social del país.
Pero
también hay otra pregunta que no puede dejarse a un lado: ¿el anuncio es
positivo o negativo para los 18 millones de afiliados como ahorradores al régimen
privado de pensiones? En ese caso la respuesta no es tan evidente.
Para
darle una respuesta a esa pregunta, debemos aclarar cuál es el objetivo
principal de las AFP y ver hasta qué punto es compatible con hacer inversiones
que impulsen proyectos de obras de infraestructura en Colombia.
El
objetivo principal de las AFP es buscar las mejores inversiones posibles para
maximizar los retornos de las contribuciones que hacen sus afiliados. Eso tiene
que ver con la manera en que ese sistema financia sus pensiones: un afiliado
contribuye una fracción de su salario (de la cual se descuenta una comisión)
para que la AFP de su preferencia haga inversiones en el mercado financiero.
Así,
la suma de la contribución más los rendimientos de esas inversiones constituirá
el capital final con el que ese mismo ahorrador pagará su propia pensión una
vez se jubile. Por eso, lograr altos rendimientos es crucial, puesto que de
ello dependen dos cosas: (1) si una persona puede llegar a pensionarse o no;
(2) y, en caso de lograrlo, el monto de su mesada pensional.
Cualquier
objetivo distinto a hacer las mejores inversiones posibles debería ser
secundario. Por lo tanto, hacer inversión en infraestructura en Colombia puede
coincidir o no con el objetivo principal de las AFP. Les corresponde a las AFP
justificar por qué la inversión en infraestructura en Colombia es superior a
cualquier otra (dentro o fuera del país), en términos de rendimiento
financiero.
Eso no se hizo con el anuncio del 4 de abril ni en los días posteriores. Por el contrario, se apeló a otro tipo de objetivos secundarios que, si bien son deseables, poco tienen que ver con maximizar rendimientos. Por ejemplo, se habló de aumentar la creación de empleos, pero ese no es el objetivo de las AFP. Ninguna norma les ha asignado la labor de crear empleos, sino la de detectar las mejores inversiones para sus afiliados.
Una apuesta riesgosa
Por
último, es cuestionable que el anuncio no incluyera mayores detalles. Por
ejemplo, no se aclaró el tipo de mecanismo que van a usar las AFP para
financiar esos proyectos de infraestructura. ¿Se hará a través de inversiones
en fondos de capital privado, que a su vez inviertan en esos proyectos a través
de equity o deuda? No sabemos.
En
cualquier caso, estamos frente a posibles riesgos de rentabilidad para los
ahorradores de ese régimen. De hecho, la Asociación Colombiana de Capital
Privado (Colcapital), que agremia ese tipo de fondos, reconoció en el trámite
de la Ley 2112 (que obliga a las AFP a destinar parte de sus inversiones a
estos fondos) que no tenía certeza sobre su rentabilidad definitiva.
Además,
ese tipo de inversiones parece tener pocos actores, a pesar del potencial papel
que pueda jugar el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura (FONDES). Por lo
tanto, esa inversión podría ser riesgosa para los ahorradores, puesto que nadie
tiene certeza sobre su potencial rentabilidad.
Las dudas que quedan
En
suma, las inversiones del ahorro pensional en infraestructura no son
necesariamente una mala noticia para los ahorradores. Puede ser que esas
inversiones constituyan las mejores inversiones posibles en términos de
rendimientos de la inversión. Pero, hasta ahora, los voceros de las AFP no lo
han justificado en esos términos, lo cual abre cuestionamientos legítimos sobre
la decisión que tomaron.
En
segundo lugar, no está claro si esa inversión corresponde a una decisión
concertada con el gobierno, a una decisión autónoma de las AFP o, simplemente
al cumplimiento de la ley. Eso se presta para posibles malinterpretaciones.
En
tercer lugar, aún quedan preguntas sobre los mecanismos de inversión que van a
utilizarse. Considero que la transparencia con los ahorradores de ese régimen
es crucial, en la medida en que puede terminar siendo la única vía a partir de
la cual ese régimen pueda relegitimarse como posible proveedor de seguridad
social en pensiones en Colombia.
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| Kevin Hartmann |
