Además,
estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin
renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado
a la cooperación judicial.
Por: Jean Carlo Mejía*Análisis de la noticia/Razón Pública/ El
Pregonero del Darién.
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El proyecto de ley para someter y
desmantelar los grupos armados
organizados ha despertado expectativas
y preocupaciones sobre la
impunidad y la inseguridad. |
Que
está pasando en Colombia
Colombia
sigue estando expuesta a varios factores de inestabilidad, como amenazas multi
criminales y un conflicto armado interno que no hemos superado.
Según
el informe de marzo de 2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), tenemos hoy siete conflictos con grupos armados organizados ilegales
(GAO) que se enfrentan entre sí o contra el Estado, y que dejan consecuencias
devastadoras.
Eso sin
contar las violaciones de los derechos humanos que se presentan a lo largo y
ancho del territorio. Así lo denuncia el más reciente informe de la ONU, cuyos
indicadores son cada vez más preocupantes en aspectos como el aumento de
masacres, homicidios selectivos, desplazamiento y violencia sexual.
Como si
fuera poco, varios actores ilegales, grupos transnacionales y mafias de
corrupción locales se involucran con grupos de delincuencia organizada y con
las “estructuras organizadas de crimen de alto impacto” (definidas así por la
ley 2272 del 2022, sin diferencias sustanciales con la Ley de sometimiento 1908
de 2018).
Estas
interrelaciones hacen que todas las organizaciones y actores armados penetren
los movimientos sociales en los territorios, lo cual produce una “captura del
Estado”.
Bajo
esas circunstancias, cualquier iniciativa de negociación y desmantelamiento de
organizaciones criminales resulta imperativa para lograr paz y convivencia en
el contexto de post acuerdo sin postconflicto y donde la justicia transicional
ha resultado una opción con muchos claroscuros.
Una
vieja preocupación
El proyecto
de ley 288 del Senado que el gobierno presentó el 15 de marzo ha despertado
expectativas y preocupaciones por la impunidad que podría generar. El proyecto
se propone someter y desmantelar las mencionadas organizaciones armadas de
crimen de alto impacto, con garantías de no repetición de la violencia desde un
enfoque de justicia restaurativa.
"Tanto
el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que
prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el
tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos
exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la
“militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento"
Sin
embargo, en escasos siete meses del actual gobierno, las acciones bélicas y
delincuenciales de los actores ilegales se han disparado de manera exponencial.
En el contexto de la búsqueda de la anhelada paz total, lo anterior ha
generalizado la sensación creciente de inseguridad en todas las
encuestas, sondeos y estudios.
En
consecuencia, vale la pena mirar algunos elementos del proyecto desde una
mirada un poco distinta de la que se ha mostrado en instancias mediáticas y
políticas.
Con ropaje de sometimiento
El
gobierno hizo mucho esfuerzo político y mediático para estructurar
conceptualmente la “paz total”, con el concurso de una serie de académicos. El
trabajo resultó en un Dossier construido en la Universidad Nacional de
Colombia, junto con otro sobre la seguridad humana. Pero ¿qué pasó con el
empeño del gobierno?
El
proyecto de ley no desvirtúa la existencia previa de herramientas de justicia
transicional, como el enfoque restaurativo que inspira la legislación desde el
Acto legislativo 01 del 2017 y las sentencias C-674 del mismo año y
C-080 del 2018.
Lo que
sí cambió es la narrativa, que ahora parte de una perspectiva de paz centrada
en las personas, las comunidades, el género y otros elementos inclusivos, así
como del reconocimiento de una justicia penal alternativa.
Tanto
el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que
prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el
tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos
exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la
“militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento.
Ese
intento ha sido meritorio porque abre un diálogo alrededor de un derecho penal
mínimo, donde se incluyen aspectos como sacar del Código Penal conductas como
la inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria o la calumnia.
Pero la
argumentación choca constantemente con eufemismos que conducen a incoherencias.
Por ejemplo: el Clan del Golfo es en verdad un GAO en términos del Derecho
Internacional Humanitario, y no solo por lo que dice el informe del CICR. El
punto es parte clara de una narrativa política, que a los abogados de los GAO y
los GDO (Grupos de delincuencia organizada) no les acaba de parecer aceptable;
así lo han expresado, indicando que el proyecto era una mala copia de la Ley
975 del 2005 (Justicia y paz).
Justicia
premial ya tenemos
El
proyecto 288 Senado se centra en una justicia premial —o justicia
negociada— por el estilo de la que trasplantó de Estados Unidos la Ley 906 del 2004.
Fuera de los discursos, nada nuevo se asoma en el horizonte; y en la práctica
además preocupa la ausencia de un soporte técnico y estadístico para la
necesidad de este enfoque.
A estas
alturas no resulta claro cuál sería la población beneficiada con una ley de
negociación para desmantelar organizaciones delincuenciales, menos aún en los
términos del artículo 1º de Protocolo adicional II de Ginebra de 1977, que
se aplica en contextos de conflicto armado.
Dice el
proyecto que los miembros de “los grupos y estructuras” mantengan hasta el 6%
de sus bienes si colaboran con la justicia. Otros beneficios incluyen penas
intramurales muy bajas y un componente de justicia restaurativa, lo cual ya
existe, con otros porcentajes, en la Ley 1708 del 2014.
Además,
estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin
renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado
a la cooperación judicial y policial con fines penales, como parte del derecho
penal internacional del siglo XXI.
En
síntesis, Colombia tiene ya una justicia penal basada en beneficios por una
mayor colaboración con el propósito de desmantelar organizaciones criminales
complejas, pero en esta ocasión no satisfacen las expectativas de la multi criminalidad
ni de las víctimas.
De
todo, al mismo tiempo y sin orden
Es
evidente que la ansiedad del mandatario se transmite a su equipo de gobierno,
lo cual de paso ha generado un nudo gordiano y una torre de babel.
Ya la
paz era una política de Estado en Colombia, no solo por el artículo 22 de la
Constitución de 1991, sino por la Ley de orden público, utilizada por seis
gobiernos consecutivos para sacar de la guerra a más de 90.000 combatientes.
Así, un
enfoque de paz total desde la actualización de la ley de orden público,
sustentado en una “política de Estado” y un gabinete de paz, debieron
aprovechar las instituciones que ya estaba funcionando.
Por eso
figuras como Rodrigo Londoño han denunciado que incluso se sentían más seguros
bajo el gobierno anterior, aunque también han matizado estas declaraciones.
Formular
un proyecto de sometimiento con esa filosofía habría sido más viable desde
el Ministerio de Justicia que desde una ya colapsada Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
Es
habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación
de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las
organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto
riesgo de caer en impunidad.
Si las
víctimas no ven la justicia, la reparación, la no repetición y sus derechos a
la verdad en tiempos razonables, se consolida las críticas del fiscal general,
la procuradora y tantos especialistas: no es el fondo, son las formas casi
siempre.
¿Y los
derechos de las víctimas?
En
Colombia nos hemos acostumbrado a una narrativa alrededor de las personas que
han padecido fenómenos de violencia. Pocos países tienen más interiorizado el
leguaje de la justicia, la verdad y la reparación integral.
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Foto: Fiscalía - Colombia ya cuenta
con una justicia penal soportada en
beneficios. Esta se presenta cuando
hay mayor colaboración para el
desmantelamiento de estructuras criminales. |
"Es
habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación
de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las
organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto
riesgo de caer en impunidad"
El
proyecto de Ley 288 del 2023 no es ajeno a los avances al respecto, fruto de
varios procesos de negociación y de aplicar la justicia transicional. Pero el
proyecto no incluye claridades que a estas alturas ya deberían estar
completamente despejadas.
Tanto
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en la jurisprudencia
penal internacional contamos con elementos suficientes para verificar los
procesos de restitución, rehabilitación, indemnización, no repetición y medidas
de satisfacción para las víctimas.
Los
retos de la ley
Muchas
son las dificultades que tiene por delante el proyecto de negociación con las
“estructuras criminales de alto impacto” que se ha llamado de “sujeción”, pero
se ha comunicado como de “sometimiento”.
Los
problemas van desde aproximaciones conceptuales llenas de eufemismos hasta
elementos que en la práctica van a obstaculizar el desmantelamiento de las
organizaciones y los derechos de las víctimas. Los cambios también consisten en
valorar lo construido y construir sobre los pilares existentes más fuertes.
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| Jean Carlo Mejía |
* Abogado, investigador en temas de conflicto armado, justicia para
la transición, seguridad y defensa, extradición y derecho internacional,
derechos humanos y derecho internacional humanitario. Columnista.
