Crece violencia contra los menores

De acuerdo con informes de la Mesa Intersectorial contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, esta problemática sigue en incremento en Medellín y el Área Metropolitana.

 Por: Claudia Jaramillo*/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Foto: Mujeres para la Paz

Según el informe regional de “Out of the Shadows" (Fuera de las sombras), elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy, América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores —un problema que afecta a millones de niñas y niños cada año— y, además, lo hace de forma muy desigual incluso dentro del mismo país, lo que debilita la protección.

Día tras día vemos especialmente niñas en diferentes espacios del territorio colombiano siendo víctimas de explotación sexual comercial, en donde adultos o incluso algunos grupos al margen de la ley, obtienen de ellas ganancias sexuales, económicas, sociales o políticas, fruto del aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confianza respecto del adulto abusador o explotador, siendo en ocasiones obligadas a tener hijos no deseados o a interrumpir un embarazo de manera clandestina.
Según se plantea en el texto: Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Medellín, elaborado por la Mesa Intersectorial contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes de Medellín, este es un delito que lleva a la cosificación y mercantilización de esta población, vulnerándoles sus derechos y afectando su dignidad e integridad.
Es importante destacar, a propósito de la conmemoración del 8 de marzo, y con el ánimo de apoyar espacios de incidencia que en Colombia, explicitar que la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescente -ESCNNA está sancionada por la ley y tipificada en varios delitos descritos entre los artículos 213 y 219a del Código penal colombiano (Ley 599 de 2000). Existen varias modalidades en las que esta se puede presentar, entre ellas la trata con fines de explotación sexual; la explotación en el contexto de viajes y turismo; las uniones serviles y/o forzosas y la explotación sexual en vía pública o lugares privados destinados para ello, entre otros.
Abordar esta situación desde una perspectiva multicausal involucra el análisis de varias problemáticas de tipo económico, social, cultural y político. La desigualdad, la inequidad, la desintegración familiar, el consumismo, la migración rural-urbana, la discriminación, el abuso sexual intrafamiliar, el tráfico de drogas y de seres humanos pueden citarse como los factores de riesgo estructurales y estructurantes en la construcción de relaciones de violencia (Bonasso, 2003).
Muchas de las niñas que son y han sido víctimas de este flagelo, se prostituyen para sobrevivir, luego incluso de haber sido presas del silencio que envuelve la violencia sexual intrafamiliar. Así mismo, de la pobreza y el hambre junto con el descuido o la complicidad de los familiares.

La presencia de determinantes culturales como el patriarcado y el adultocentrismo ocasionan que estas problemáticas sean invisibilizadas y toleradas socialmente. La ausencia de políticas públicas de protección social y seguridad para los niños, niñas, adolescentes y sus familias, facilita la actuación de redes delincuenciales internacionales que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de niñas y adolescentes.
Según el profesor Iván Felipe Muñoz, quien ha venido liderando desde la Facultad Nacional de Salud Pública el tema de la lucha contra la ESCNNA, es importante resaltar que existe un instrumento del derecho internacional llamado La Convención de los Derechos de las niñas y los niños, que reconoce que quienes son menores de 18 años son sujetos portadores de derechos humanos y establece la prioridad de sus derechos sobre los de los demás.
 “Colombia no es ajena a este mandato internacional y a través de la ley 12 de 1991 ratificó esta convención; y luego, en 2006, reordena su marco jurídico a través del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098), el cual además de refrendar los derechos humanos de la niñez en Colombia, sanciona como vulneraciones de derechos una serie de conductas que afectan su dignidad y desarrollo integral.
 A pesar de este ambicioso marco normativo, es preciso acentuar que, en el territorio nacional, departamental y local, muchas niñas y adolescentes afrontan multiplicidad de situaciones que vulneran sus derechos y ponen en riesgo su vida. En este orden de ideas se presentan algunos datos que deberían motivar indignación y horror:
 Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 30% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niñas o adolescentes.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) durante el año 2021, realizó 18.043 valoraciones medicolegales por violencia intrafamiliar, de los cuales 5.145 (28,52%) corresponde a violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) (Informe FORENSIS 2021)

A partir de datos de la fundación FAN, El Colombiano indicó en junio de 2022, que Cada día 5 niños son víctimas de violencias sexuales en Antioquia.

La organización social RedPapaz informó que a través de la línea virtual Te Protejo (www.teprotejocolombia.org) recibió en 2022, 36.486 reportes de violencias sexuales en contra de la infancia y la adolescencia, de los cuales el 13% correspondió a casos de Antioquia.

De acuerdo con informes de la Mesa Intersectorial contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, esta problemática sigue en incremento en Medellín y el Área Metropolitana. Las mayores afectadas son las adolescentes entre los 14 y 18 años, sin embargo, está en aumento el número de víctimas menores de 14 años”.

 También se destacan los casos de desapariciones y el fenómeno que viene visibilizando la estrategia #BuscarlasHastaEncontrarlas del movimiento Estamos Listas, consistente en la desaparición de niñas y adolescentes (mujeres y niños también) especialmente los fines de semana y feriados, sin conocerse con claridad los móviles y afectaciones que esto produce en las víctimas.

* Comunicadora periodista, Mg. en Salud Pública.