El futuro de los diálogos con el Clan del Golfo depende del reconocimiento de su carácter político. Pero este es un embeleco. Y mientras el gobierno insiste en negociar a como dé lugar, la violencia está aumentando.
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| El escollo más grande para avanzar en la paz, es la exigencia de esta organización de reclamar status político. |
¿Políticos
o criminales?
Algunos
expertos han intentado —con mayor y menor éxito— describir la naturaleza de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Ahora se definen
como una “estructura armada organizada de crimen de alto impacto” según el
proyecto de ley presentado por el gobierno para el sometimiento a la
justicia de dichas organizaciones.
Como
dije hace dos meses en esta misma revista, el debate sobre el carácter político
que pueda o no tener determinado grupo armado es un anacronismo,
independientemente de sus motivaciones para levantarse en armas contra el
Estado o de su posición ideológica.
El
delito político —como herramienta jurídica— implica algunas facilidades para
disuadir, brindar un tratamiento penal diferenciado a ciertas organizaciones
armadas y encaminar una negociación hacia el acuerdo de paz. Pero más allá de
eso, su utilidad es nula y se convierte, como lo estamos presenciando, en un
obstáculo para negociar con uno u otro grupo dependiendo de cómo se
autodefinan.
Y las
dificultades del gobierno para entablar negociaciones de paz con este tipo de
grupos armados se deben precisamente a que estos grupos escapan a dichas
categorías de análisis.
El reconocimiento del “carácter político” de una organización se ha convertido en un incentivo perverso, donde cualquier organización armada se considera a sí misma como merecedora de esta calidad y de un tratamiento diferenciado por parte del Estado a la hora de negociar su desarmes, desmovilización y reintegración a la vida civil.
¿Qué es el Clan del Golfo?
No hay
claridad sobre el carácter político de las AGC, a pesar de ser una organización
armada que reúne las características enumeradas en los instrumentos del Derecho
Internacional Humanitario para ser considerada como un actor del conflicto
armado en Colombia.
Ahora
bien, simplificar a las AGC como un grupo “sucesor del paramilitarismo”, como
un grupo narcotraficante o incluso como una organización “multicrimen” es un
error que no permite entender su alcance y funcionamiento.
"El reconocimiento del “carácter político” de una organización se ha convertido en un incentivo perverso, donde cualquier organización armada se considera a sí misma como merecedora de esta calidad y de un tratamiento diferenciado por parte del Estado a la hora de negociar su desarmes, desmovilización y reintegración a la vida civil"
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| Foto: Facebook/ Recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió a las AGC un borrador de los protocolos para retomar el cese al fuego bilateral, pero las probabilidades de éxito son muy bajas. |
Lo anterior dificulta el diálogo efectivo, ya sea para el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento, o para un acuerdo de paz que lleve al desarme, desmovilización y la reintegración de los miembros del grupo a la vida civil.
Trejos
y Badillo han aclarado que las AGC son una organización con pretensiones
políticas, que su manera de participar en el conflicto armado difiere poco de
la de otros grupos, y que la diferenciación entre carácter político o criminal
no puede hacerse de manera tajante.
Sumado
a lo anterior, me pregunto ¿qué diferencia el discurso ideológico trasnochado y
el ejercicio de control social, político y territorial del ELN, las disidencias
de las FARC o las AGC?; ¿No son iguales las acciones del ELN en zonas como
Arauca, donde se apropian de las rentas legales del Estado mediante la
cooptación del poder político, y la manera como operan las AGC en zonas como
Sur de Córdoba o Chocó?
La naturaleza y el origen de los diversos grupos armados organizados que operan en Colombia no son los mismos. Sin embargo, comparten similitudes en aspectos como la manera de operar, los medios utilizados para ejercer control social y territorial, las formas de intervenir en política y su relación cada vez más estrecho con economías ilegales.
¿En qué vamos?
Según
fuentes oficiales, para diciembre de 2022, las AGC contaban con 1.522 hombres
en armas propios y 2.509 subcontratados o como se denominan: “Componente Criminal
Focalizado”. Estas cifras presentan un claro subregistro porque omiten a los
miembros dedicados a actividades de control social o proselitismo político.
Así
podría decirse que las AGC cuentan con cerca de 6.000 integrantes divididos en
cinco estructuras principales y al menos 25 subestructuras. Según el Defensor
del Pueblo, las AGC ya tienen presencia en al menos 20 departamentos del país.
El
pasado 27 de abril, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz descartó la
posibilidad de retomar el cese al fuego bilateral con las AGC en el corto
plazo. También afirmó que el gobierno nacional y dos facilitadores de dicha
organización se han acercado para concretar “medidas territoriales”, que
podrían ser acuerdos de cese al fuego o alivio humanitario en algunas regiones.
Aunque
las AGC aceptaron el cese al fuego unilateral decretado por el gobierno
nacional a partir del 1 enero, era evidente que ese mecanismo no podía
funcionar. Gloria Castrillón lo
señaló hace un mes: “No pactar los protocolos ni poner a funcionar el mecanismo
de monitoreo y verificación del cese al fuego con el Clan del Golfo, también
llamado AGC, fueron algunas de las razones por las que este cese fracasó.”
El
gobierno y sus voceros han insistido en que las AGC o Clan del Golfo no
son “un grupo político” o una organización armada con carácter político.
Las
implicaciones de estas aseveraciones son múltiples. Por un lado, se les
caracteriza como una “estructura armada organizada de crimen de alto impacto” y
su tratamiento se circunscribe a los diálogos para facilitar su sometimiento a
la justicia.
Por
otro lado, episodios como los del paro minero del Bajo Cauca Antioqueño el mes
pasado o el llamado a las comunidades a manifestarse el pasado 9 de abril,
seguirán estando al orden del día, pues de esta manera las AGC reivindican su
carácter político ante el gobierno.
Por
último, las diferencias de criterio entre los cabecillas de la organización
seguirán en aumento, dificultando los acercamientos actuales y futuros para
poner fin al conflicto con esta organización armada.
Hay
señales claras de que el desacuerdo sobre el carácter de las AGC son un
obstáculo para avanzar en las conversaciones. Entre estas señales se cuentan:
La
muerte de alias ‘Siopas’, quien se oponía a la propuesta de Paz Total. Esta
posiblemente es una de las razones por la cual sus compañeros ordenaron su
muerte; y
Los rumores derivados del paradero desconocido de alias ‘Chiquito Malo’ desde hace algunas semanas.
¿Qué sigue?
Las AGC
no van a ceder en su pretensión de ser reconocidos como una organización armada
de carácter político y seguirán reivindicando una mesa de negociación que lleve
a un acuerdo para su desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil.
El
proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las “estructuras armadas
organizadas de crimen de alto impacto” ya ha sido rechazado de plano por la
dirigencia de las AGC y por su vocero reconocido por parte del
gobierno nacional, Ricardo Giraldo. Sin un marco jurídico claro estos
acercamientos entre gobierno y AGC están condenados al fracaso.
Recientemente,
el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió a las AGC un borrador de
protocolos para retomar el cese al fuego bilateral como antesala para dialogar.
Las perspectivas de éxito son muy bajas, dadas las circunstancias actuales y el
escalamiento del conflicto entre las AGC y el ELN o las disidencias de las
FARC.
Para
disminuir la violencia directa, el gobierno y otras organizaciones han sugerido
diversos mecanismos que califican de manera ligera como “humanitarios”. Con
esto quieren ambientar acercamientos con distintos grupos armados ilegales y
reducir el impacto del conflicto en ciertas comunidades. El problema de este
enfoque es que sitúa a las mismas comunidades en escenarios de riesgo frente a
las organizaciones armadas.
Adicionalmente,
este enfoque conlleva otras consecuencias negativas, como sembrar esperanzas y
crear expectativas poco realistas entre las comunidades o entre los miembros de
las organizaciones, como lo es un eventual fin definitivo de la confrontación y
la violencia en diversas zonas del país.
"AGC no van a ceder en su pretensión de ser reconocidos como una organización armada de carácter político y seguirán reivindicando una mesa de negociación que lleve a un acuerdo para su desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil"
La
propuesta de las AGC ya ha sido expresada públicamente por sus voceros. Buscan,
sí o sí, el reconocimiento de su estatus político y para ello piden una mesa de
negociación donde éste será el primer tema de la agenda a discutir con el
gobierno.
En la
actualidad, debemos reconocer, ninguna de las organizaciones armadas
involucradas en el conflicto armado tiene incentivos reales para alcanzar
acuerdos que pongan fin a la confrontación armada.
Las AGC
no son la excepción, pues después de la suspensión del cese de al fuego bilateral
la organización ha expandido su presencia e influencia a lo largo y ancho del
país. Muestra de ellos son los constantes enfrentamientos con el ELN y
disidencias en el Chocó, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Bolívar, entre otros.
Si el
gobierno realmente quiere avanzar en su política de paz total con las AGC o
Clan del Golfo deberá repensar su estrategia de acercamiento y negociación y,
no menos importante, definir un marco jurídico viable que ofrezca los
incentivos necesarios para considerar un eventual fin de la confrontación armada
con esta organización.
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| Sebastián Zuleta |
