“Es intolerable que las autoridades naturalicen las amenazas que opositores de mala fe y grupos armados realizan contra la población reclamante de tierras”
Un grupo
de organizaciones sociales acompañantes de los reclamantes de tierra en Urabá,
denunciaron el retorno de las amenazas y la supuesta negligencia estatal para
contrarrestarlas, investigar y sancionar a los responsables:
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| Reclamantes de tierra en Urabá, denuncian nuevas amenazas. |
El siguiente es el comunicado:
"De
nuevo, circula por el Urabá y por redes sociales un panfleto amenazante contra
las personas que legítima y legalmente reclaman la tierra que les fue despojada
por actores armados o por terceros que se beneficiaron criminalmente del
conflicto armado.
En esta
oportunidad amenazan a reclamantes que perdieron su tierra en la vereda El
Totumo del municipio de Necoclí, así como a funcionarios públicos e instituciones
que acompañamos este tipo de procesos.
Es
intolerable que estas amenazas que generan terror y zozobra en las organizaciones
reclamantes de tierras y en las comunidades, se naturalicen por parte de las autoridades
estatales, que no hacen nada por el esclarecimiento de tan grave delito, que no
investigan a los autores de estas amenazas y, lo más delicado, que no despliegue
ninguna estrategia efectiva para la prevención de violencias y la protección de
las víctimas del conflicto armado, que cada vez más son revictimizadas.
Por tal
motivo le exigimos a la Fiscalía General de la Nación, que se empiecen ya las investigaciones
que conduzcan a develar los grupos armados y los opositores que están detrás de
estos graves delitos.
A su
vez, que rinda cuentas a la ciudadanía sobre el estado de todas las denuncias
por amenazas y homicidios que han presentado los reclamantes de tierras. Le
solicitamos que cumpla con su deber constitucional de dar garantías de no repetición
a las víctimas del conflicto armado, llevando a estos perpetradores ante la justicia.
Le
solicitamos, a la URT y los jueces de restitución de tierras, evitar la
dilación de los procesos y garantizar la entrega material de los bienes
inmuebles a sus legítimos propietarios, estas vacilaciones están colocando en
más riesgo a la población reclamante.
Igualmente,
impartir en las órdenes judiciales y en las medidas administrativas, acciones
que obliguen a las instituciones competentes a garantizar la protección de los
y las reclamantes de tierras.
Le
exigimos a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, realizar
acciones de prevención y protección efectiva a las víctimas, que eviten que los
grupos armados y opositores sigan constriñendo a esta población vulnerable.
En
igual sentido, pedimos a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, que realice
los estudios de riesgo de seguridad teniendo presente la vulnerabilidad que
tienen las víctimas en este contexto.
Le
pedimos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que indague sobre la
veracidad de la procedencia de estas amenazas, qué grupo armado es el
responsable y los exhorte para abandonar estas hostilidades contra la población
civil como gesto para avanzar en la construcción de paz y en caso contrario,
que se pronuncien públicamente negando estas autorías, con el propósito de que
los opositores de mala fe no sigan utilizando este nombre para intimidar a los
y las reclamantes de tierras que acuden a las instancias legales.
Este pronunciamiento
público trae las firmas de:
Instituto
Popular de Capacitación - IPC
Nodo
Antioquia Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Proceso
Social de Garantías a la labor de las personas defensoras de DDHH
Antioquia.
Corporación
Jurídica Libertad
Fundación
Sumapaz
Corporación
Nibaru
Colectivo
Voces y Huellas
Fundación
Forjando Futuros
Cinep
