El
deterioro de la seguridad comienza por un diagnóstico equivocado del problema y
por la falta de trabajo en equipo de las autoridades nacionales y locales que
deben enfrentarlo. Esta es la situación.
Por Hugo
Acero/Análisis de la Noticia/Razón Pública/ El Pregonero del Darién.
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| Seguridad en apuros. |
Inseguros
sobre la seguridad
Para
lograr resultados sostenibles en materia de seguridad y paz, no basta con saber
si las acciones están mejorando o empeorando momentáneamente la situación, si
las cifras de violencia y delincuencia están aumentando o disminuyendo, si los
ciudadanos se sienten seguros o inseguros.
En vez
de eso, se necesita el diagnóstico acertado y detallado sobre los problemas
reales que afectan la seguridad y la paz ciudadana: solo a partir de este
diagnóstico es posible diseñar la respuesta y saber si lo que se está haciendo
mejora o más bien empeora la situación futura del país.
Ni
guerrillas, ni paramilitares
El
primer punto tiene que ver con la caracterización que se está haciendo sobre
los varios grupos armados que operan en Colombia. Tanto el gobierno, como expertos
y medios de comunicación siguen tratando al ELN, las disidencias “’Estado Mayor
Central” y “Segunda Marquetalia” como guerrilleros, subversivos con ideologías
políticas que pretenden toma el poder del Estado.
Pero en
la realidad estos grupos, en los últimos años, han tenido una intencionalidad
fundamentalmente económica hacia las rentas criminales, comenzando por su
dedicación al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el secuestro.
Pese a
ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus
esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja
de lado las unidades y cabecillas
Además,
en la gran mayoría de los casos, los enfrentamientos armados (incluso con la
fuerza pública) se deben a disputas por estas y otras rentas criminales. Atrás,
muy atrás, quedaron la revolución y “la toma del poder en representación del
pueblo”.
Verdad
que al ELN se le puede conceder todavía la orientación política en algunas de
sus acciones, pero en la práctica sus frentes están metidos de lleno en el
narcotráfico y demás rentas criminales.
Las
disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político,
pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que
manejan. Son grupos de narcotraficantes con discurso político, no grupos
guerrilleros que “representen los intereses del pueblo.
El Clan
del Golfo (hoy autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”) o Los
Pachencas (hoy “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”) siguen siendo
considerados por algunos como paramilitares, con características ideológicas y
operativas similares a las de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
Pero,
otra vez, estos grupos se dedican exclusivamente a beneficiarse del
narcotráfico y demás rentas criminales, a pesar de su esfuerzo para ser
reconocidos como actores políticos. No se parecen por eso a las
“autodefensas” que combatían a los guerrilleros y decían defender el Estado
colombiano.
Si no
se tiene claro a quiénes hay que enfrentar o con quiénes se está dialogando, no
son posibles la seguridad ni la Paz Total.
Bajo
las circunstancias anteriores, quizás tenga algún sentido adelantar una
negociación política con el ELN. Pero se puede asegurar que de lograrse un
acuerdo de paz con este grupo habrá más disidencias de las que se dieron con
las FARC, dada la fragmentación de este grupo, su dedicación al lucro de las
rentas criminales y al hecho de que algunos frentes —lo más guerreristas— no
están sentados en la mesa de negociación.
Con los
demás grupos sólo existe la posibilidad de un generoso sometimiento a la
justicia.
Por eso
necesitamos una política de paz más realista y una política de seguridad
fuerte, que lleven a estos grupos a dialogar o a someterse como corresponde.
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Foto: Procuraduría - La ideología política
del Estado Mayor Central, Segunda
Marquetalia y ELN en los últimos
años es fundamentalmente económica y se
basa en rentas criminales como la minería ilegal. |
Desconfianza
ciudadana
A los
crecientes problemas de violencia y delincuencia, se suma el deterioro de la
confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
Hoy la
confianza ha caído a los niveles más bajos de los últimos veinte años, de
acuerdo con la encuesta Invamer Gallup de octubre de 2023 (los resultados más
favorables se habían registrado en 2010):
Las
Fuerzas Armadas, que siempre tuvieron los niveles más altos de confianza,
cayeron del 81% de favorabilidad en 2010 a 61% en octubre de 2023;
La
Policía Nacional cayó de 79% a 45%;
La
Fiscalía pasó del 59 % a 36%;
El
sistema judicial, de 34% a 17%;
La
Corte Constitucional, de 57% a 38%;
La
Corte Suprema, de 56% a 30%.
Fuente:
Encuesta Invamer Gallup Pool 2000 a octubre de 2023
La
ciudadanía ha perdido confianza en las instituciones de seguridad y justicia,
lo cual deslegitima y dificulta su labor para recuperar la seguridad. Los
encuestados creen que este es el principal problema de Colombia (con un 29%) y
por encima del desempleo (28%), la corrupción (15%) o el mal funcionamiento del
gobierno (11%).
Además
de la escasa confianza ciudadana, las instituciones de seguridad y justicia no
trabajan en equipo, como se hace evidente en los debates públicos entre la
Presidencia y la Fiscalía General de la Nación. El desconocimiento público de
las decisiones del poder judicial por parte del presidente, sus malas
relaciones con la Procuraduría o la Defensoría, al igual que con los gobernadores
y alcaldes, muestran unas instituciones divididas y en confrontación que
beneficia tan solo a los delincuentes.
La
desconfianza ciudadana y la falta de trabajo en equipo son pruebas de que la
violencia y delincuencia no se deben apenas a los delincuentes, sino al
comportamiento inadecuado de las instituciones responsables de garantizar la
seguridad y la justicia en el plano nacional y en las regiones o ciudades.
Si el
Ejecutivo y las demás instituciones de seguridad y justicia no se esfuerzan en
serio para aumentar la confianza ciudadana con su trabajo y sus buenos
resultados, si no mejoran la coordinación interinstitucional y el trabajo en
equipo, bajo el liderazgo del presidente, será todavía más difícil aumentar la
seguridad ciudadana o avanzar hacia la Paz Total que promueve el gobierno.
Nuevas
criminalidades, nuevos desafíos
Necesitamos
reconocer que ya no estamos ante la delincuencia de finales del siglo pasado,
que se podía enfrentar con más policías en las calles: no estamos ante delitos
de oportunidad (de “papayazo”) o que se cometen por necesidades insatisfechas
de la población.
Hoy nos
hallamos ante organizaciones delincuenciales cada vez más organizadas, algunas
de ellas verdaderas mafias ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, el
contrabando, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el comercio de
armas y otras rentas criminales; organizaciones y acciones que deben
enfrentarse con más inteligencia e investigación criminal.
"Pese a
ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus
esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja
de lado las unidades y cabecillas que de verdad manejan el narcotráfico, el
lavado de activos y las otras rentas criminales, como la trata y el comercio de
armas"
Los
esfuerzos se concentran en bandas locales (algunas de origen venezolano, como
El Tren de Aragua y Los Maracuchos), como si fueran las verdaderas mafias,
cuando son obreros de tercer nivel en el manejo de las rentas criminales como
microtráfico, extorsión, trata de personas o sicariato.
Por
supuesto que se debe seguir luchando contra las organizaciones criminales de
tercer nivel, pero sin ignorar que “el trabajo de campo” es efectuado
por grupos y cabecillas de alcance más delimitado.
Ante
esta compleja situación hay que fortalecer la inteligencia y la investigación
criminal para mejor atacar la cadena criminal y sus finanzas. Hay que
identificar, perseguir y detener los mandos altos y medios de las
organizaciones criminales. Con esto se haría más difícil el recambio de los
mandos de estos grupos cada vez que caen sus cabezas.
Las
disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político,
pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que
manejan.
Por
ejemplo, a Bogotá la droga no llega kilo a kilo, sino en toneladas que se
almacenan, una parte para la distribución en la ciudad y en la región, otra
para la exportación a través del aeropuerto o en camino hacia los puertos,
especialmente de la costa caribe. Estas actividades no son efectuadas por el
grupo local, sino por “patrones” que no aparecen en su organigrama. Igual
sucede con las finanzas y el lavado de activos.
La
misma situación se presenta en ciudades epicentro como Medellín, Cali y las
ciudades portuarias, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
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| Hugo Acero |
Cifras
ciertas y confiables
Finalmente,
preocupan tres temas todavía no aclarados que afectan la seguridad de los
ciudadanos.
Uno, la
diferencia entre las cifras de homicidios que registra el Ministerio de Defensa
y las del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (especialmente en las
grandes ciudades, donde el Instituto maneja cifras más confiables).
Dos,
los cambios en la Encuesta de Calidad Vida del DANE que afectan uno de los
logros más importantes en materia de seguridad: la Encuesta de Convivencia y
Seguridad Ciudadana que genera información crucial en estas materias.
Tres,
la denuncia del fiscal General sobre la disminución del personal de
investigación criminal de la Policía Nacional.
Todo lo
anterior no permite que las autoridades, los centros especializados, los
expertos independientes y los ciudadanos en general, cuenten con información
certera para diseñar estrategias y acciones contundentes ante los crecientes
problemas de violencia y delincuencia.
Estas
son mentiras y verdades a medias que afectan la actuación de las autoridades,
benefician a los delincuentes y no permiten mejorar la seguridad de los
ciudadanos y del Estado.
Hugo Acero*Sociólogo de la Universidad
Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional
1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de
Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo
de crisis.
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