miércoles, 29 de noviembre de 2023

Indígenas siguen ahondando en la verdad

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presenta un informe sobre el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

Parque principal de Pueblo Rico (Risaralda)
 Foto: Camilo Villamizar para CNMH.
Cómo fue la conformación, actuación y proceso de desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), así como las violencias que ejerció contra la población civil, los daños que generó y las formas de resistencia que desarrollaron las comunidades, son las respuestas que brinda el informe Jaūriperabu: la enfermedad del susto. Testimonios de las violencias e impactos del ERG y las resistencias triétnicas en Chocó, Risaralda y Antioquia.

 Se trata del informe presentado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal Caro, o o Matacuras y otros 15 exintegrantes y aporta al esclarecimiento de los hechos relacionados con esta estructura, un grupo armado que operó durante quince años, principalmente en Antioquia, Chocó y Risaralda.

Portada del informe (Foto/CNMH)
 «Jaūriperabu: la enfermedad del susto» es un término embera que refleja el daño causado por el conflicto armado. No es un virus que invade los cuerpos, sino un mal que despoja del espíritu, somete al miedo y no permite vivir en paz. No solo afecta a los humanos, sino también a los animales, a las plantas, a los ríos y a la madre tierra. Es decir, que la comunidad en su conjunto con el territorio la padece, por las vidas arrebatadas, los sufrimientos sentidos, en un entorno generalizado de desconfianza y terror.

 De acuerdo con la investigación, el ERG generó graves hechos de violación a los derechos de la población civil como la masacre de Jingarabá en 1994, las tomas a Bagadó en 1997 y 2000 y los desplazamientos forzados masivos de Guaduas, Sabaleta, El Doce—Quebrada Borbollón y La Puria, entre otros. Desde 2003 empezó un período de declive a raíz de la conflictividad con otras guerrillas, el aumento de la ofensiva de la fuerza pública y las deserciones masivas; que lo forzaron a desmovilizarse bajo la ley de Justicia y Paz.

El impacto en las poblaciones

Esta guerrilla tuvo entre sus principales patrones de macrocriminalidad el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito, el secuestro y la violencia sexual, en especial la obstétrica. El secuestro es uno de los delitos con más víctimas registradas. El 17% de las víctimas fueron mujeres y el 82% hombres. Con respecto a la violencia sexual contra integrantes del grupo armado, 69% de las víctimas corresponden a niñas y adolescentes y el 31% a mujeres adultas. La principal característica fue la multiplicidad de estos delitos sobre una misma víctima. Por ejemplo, el 79% de los homicidios perpetrados por el ERG fueron, a su vez, desapariciones forzadas. Todo esto generó graves y múltiples daños, individuales y colectivos derivados del conflicto armado.

Comunidad Bajo Río Grande en el
Resguardo La Puria, El Carmen
de Atrato (Choco)-2022-(Foto
 Laura Escobar para CNMH)

Daños físicos y psicológicos, materiales y al proyecto de vida fueron los principales tipos de impactos individuales, que afectaron el bienestar de las víctimas, dejando huellas en la memoria, el sentir, el cuerpo, las proyecciones a futuro y sus lugares de arraigo. En la dimensión colectiva se encontraron los daños materiales y económicos, los socioculturales, los políticos y pueblos completamente arrasados.

El territorio y los resguardos indígenas

El informe también incluye dos capítulos adicionales: «Los territorios» expone un panorama general del conflicto armado en los municipios donde hizo presencia el ERG en los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda; mientras que en «Los resguardos indígenas» se visibiliza la historia, las violencias de larga duración y las resistencias y afrontamientos que han llevado a cabo tres comunidades indígenas embera katio y chamí del Carmen de Atrato, Chocó: La Puria, El Doce—Quebrada Borbollón y Sabaleta, resguardos priorizados en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

 Este informe es un primer caso de la aplicación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, para casos de guerrillas desmovilizadas. La herramienta, creada por la DAV (CNMH), muestra su utilidad a la hora de esclarecer la verdad a partir de los aportes de las personas desmovilizadas. De esta manera, la verdad, para el caso de las comunidades afectadas, se convierte en una opción de reparación simbólica, pues el Jaūriperabu no es incurable, se puede sanar si se enfrenta al miedo y se repara el daño por medio de la cultura, de la resistencia, de la memoria y de la palabra para posibilitar la construcción de paz.

Quienes deseen más información sobre este tema, se pueden comunicar con: Ayda Ma. Martínez  al celular-3142434334.