“Hay dos entidades se niegan a garantizar nuestros derechos: El Ministerio del Deporte que no mostró voluntad política y La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR).
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| Foto/Universidad de los Andes. |
El
pasado de 3 julio, alertamos sobre la situación que enfrenta la comunidad negra
del San Juan, dimos a conocer la crisis humanitaria de todo el territorio, en
los municipios de Nóvita, Sipí, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan
como consecuencia del conflicto armado. En estos momentos comunicamos que
persistente las alteraciones del orden público y que se amplían las
afectaciones en nuestro territorio.
Las
condiciones de vulneración de derechos a nuestra población civil son tan
brutales que en el transcurso de este año Chambacú y Doidó se han desplazado
masivamente en dos ocasiones. Hoy están desplazadas y confinadas en Noanamá y
Negría; este fenómeno agudiza la situación de desabastecimiento y zozobra de la
población. El desplazamiento forzado se vive otra vez en condiciones de
indignidad ante la ausencia de infraestructura que permita un albergue
adecuado.
Desde
marzo de 2021 Acadesan viene solicitando al Gobierno Nacional la construcción
de 8 casas comunitarias en territorio como medida de protección colectiva, que
sirvan para el fortalecimiento organizativo y como lugar de refugio cuando haya
combates.
Hace pocas semanas tuvimos reuniones interinstitucionales lideradas por la Vicepresidencia y la UNP para concertar las medidas de protección colectiva para las 72 comunidades de Acadesan: allí logramos acuerdos con 24 entidades del Gobierno Nacional para implementar más de 40 medidas de protección colectiva
Observamos un alto nivel de compromiso por parte de las
instituciones: hoy podemos decir que “El Gobierno del Cambio” se hizo real en dichos
acuerdos. Lamentablemente, hay dos entidades que se niegan a garantizar
nuestros derechos: 
Acadesan es una organización social que
lucha por los derechos de estas comunidades.
El
Ministerio del Deporte que no mostró voluntad política para lograr medidas
relevantes, aunque al menos pusieron la cara.
La
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), entidad a la cual se le solicita
la construcción de las casas comunitarias en territorio, se ha negado incluso a
ir a las reuniones convocadas por la Vicepresidencia y la UNP. De la Unidad de
Gestión del Riesgo sentimos un trato como el que recibíamos de los gobiernos
anteriores: desprecio absoluto (no sabemos si por racismo, por clasismo o cuál
sea la razón). Esta medida es muy importante y necesaria para las comunidades:
necesitamos que el Presidente de la República ordene al Director de la UNGR que
la implemente.
Reiteramos
el riesgo y peligro inminente en el que viven la gran mayoría de las familias
del territorio colectivo de Acadesan, sometidas en su diario vivir a estar
confinadas, con restricciones de movilidad y siendo víctimas de graves
violaciones de derechos humanos.
Por lo
anterior, le solicitamos al gobierno nacional insistir en un cese multilateral
al fuego, y convocamos a las demás entidades públicas y organismos
internacionales que busquen mecanismos de protección de los DDHH y el DIH, que
promuevan la vida en condiciones dignas de las familias de Acadesan, en
especial la atención de las crisis y el restablecimiento de derechos.
El
comunicado fue firmado por la Junta Directiva del Consejo Comunitario General
del San Juan –Acadesan.
