Colombia es un país más pobre, más inseguro y menos democrático de lo que era el 7 de agosto de 2018. Unas pocas luces y muchas sombras es el legado de un presidente que no entendió los cambios del país que gobernaba.
Por Laura Gamboa*/Razón Pública/El Pregonero del Darién/Análisis de la noticia
Más pobres, más violentos, menos democráticos
A
pesar de algunos aciertos en el manejo de la pandemia, el actual mandatario
deja al país peor de lo que lo encontró. Colombia es hoy un país más pobre, más
inseguro y menos democrático de lo que era en agosto de 2018.
Contrariamente
a lo que aclaró al instalar el nuevo Congreso, la Colombia que deja es más
pobre.
Según el DANE, la pobreza monetaria aumentó
de 35 % en 2018 a 39 % en 2021, con un pico de 42,5 % en 2020. Es decir,
mientras que en 2018 había 13.073.000 colombianos en situación de pobreza
monetaria, la cifra en 2021 fue de 19.621.330 Una diferencia de más de
seis millones.
Aunque la pandemia exacerbó las cifras de
pobreza, lo cierto es que estas venían en aumento desde la posesión del
presidente.
De acuerdo con el balance de la Fundación Ideas para la para, durante el último cuatrienio vimos el fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley como el del ELN, el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC.
Hubo
además un aumento del 7 % en la tasa de homicidios, del 105 % en el número de
masacres, del 24 % en el número de casos de confinamiento y desplazamiento
forzado y un total de 930 líderes sociales asesinados.
Con estos indicadores, la democracia quedo afectada en el gobierno de Duque. Como se puede ver en la siguiente gráfica, su antecesor se despidió con los niveles más altos de democracia de la historia colombiana:
Aunque seguimos siendo un país significativamente más democrático que hace diez años, esos índices disminuyeron sin duda bajo el gobierno Duque. Según el proyecto internacional V-Dem que mide distintas dimensiones de la democracia, la democracia liberal en Colombia disminuyó un 13 %.
Incapacidad de imaginar un país diferente
Estos
déficits son en buena parte resultado de la falta de liderazgo del presidente y
de su incapacidad para aprovechar la oportunidad que ofrecía el Acuerdo con las
FARC para promover una Colombia distinta.
A
diferencia de otras negociaciones, el acuerdo firmado en 2016 entendió la paz
de manera comprehensiva. No sólo puso en marcha procesos de desarme,
desmovilización y reincorporación, sino que estableció juna hoja de ruta para llevar a cabo
transformaciones necesarias para profundizar la democracia colombiana y para
una paz duradera.
Iván
Duque ejecutó esta hoja de ruta de una manera, para decir lo menos,
bastante selectiva. Dio prioridad a elementos cortoplacistas afines a
la agenda uribista —desmovilización de guerrilleros, presencia militar o
erradicación forzada de cultivos ilícitos—, mientras desfinanciaba y obstruía los
elementos más transformadores del Acuerdo, como la reforma agraria, la
participación política, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y los
procesos de memoria, justicia y reparación.
Además de eso, el gobierno de Duque puso trabas a las 16 curules para las víctimas del conflicto y
obstruyó el arranque de la Justicia Especial para la Paz. También se negó a
adoptar medidas para proteger la participación política y la protesta pacífica.
Adicionalmente, puso en la dirección del
Centro de Memoria Histórica a Darío Acevedo,famoso por negar la existencia del conflicto armado y se
negó a asistir a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad.
En
medio de esta oposición al Acuerdo de paz, Duque fue incapaz de entender los
cambios que había desencadenado el proceso de paz. El acuerdo firmado en 2016
disminuyó la visibilidad del conflicto y trajo a colación temas sociales y
económicos que la guerra contra las FARC había oscurecido.
Con
la guerrilla fuera del horizonte, los colombianos empezaron a demandar una representación
política más efectiva, que resolviera los problemas de desigualdad, derechos
humanos, inequidad de género, racismo y abandono institucional que por décadas
habían permeado la realidad nacional.
"Duque desfinanció y obstruyó los elementos más transformadores del Acuerdo, como la reforma agraria, la participación política, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y los procesos de memoria, justicia y reparación"
Duque
no entendió la importancia de responder a esas demandas y cuando los colombianos
se movilizaron en las calles con sus peticiones respondió con estigmatización y
represión. Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
reporte Comisión 2021, la respuesta de este gobierno frente a las
protestas masivas estuvo guiada por lógicas del conflicto armado que entienden
las movilizaciones no como una forma de participación política sino como una
declaración de guerra contra el Estado.
En
2019, 2020 y 2021, el gobierno se refirió a los manifestantes como “Vándalos” y
“Terroristas” y dio un espaldarazo a las fuerzas de seguridad a pesar de la
evidencia contundente sobre abusos sistemáticos de la policía y el ESMAD
contra ciudadanos en las calles.
El
Presidente se negó a entablar diálogos con los líderes regionales y
conversó apenas superficialmente con líderes no representativos residentes en
Bogotá.
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Duque
demostró estar dispuesto a ignorar, modificar o cooptar instituciones
democráticas con tal de alcanzar sus objetivos políticos.
Durante
su gobierno, ignoró sentencias judiciales y llenó de aliados instituciones independientes
y organismos de control que después —como Juan Domingo Perón— les dieron “a sus
amigos todo y a sus enemigos, la ley”.
La
Fiscalía, por ejemplo, persiguió a funcionarios de la JEP y a periodistas,
mientras trataba de cerrar el caso de Álvaro Uribe por presunta
manipulación de testigos.
La
Procuraduría, por su parte, suspendió al alcalde de Medellín por presunta participación
electoral, mientras ignoraba la participación flagrante del presidente en
la campaña política. Ninguna de estas acciones fue fatal para la democracia
colombiana, pero hicieron un daño visible.
La maldición del “que dijo Uribe”
Esta
falta de visión no sorprende. Líderes elegidos a dedo por caudillos
carismáticos normalmente carecen de las cualidades, los incentivos y las
herramientas para gobernar efectivamente.
No
sólo son, en general, menos ambiciosos, sino que su poder político depende casi
enteramente de los vínculos entre el caudillo y la población y, por lo tanto,
es más difícil apartarse de la agenda de sus padrinos políticos.
Caudillos
como Álvaro Uribe evitan rodearse de personas con capacidad de liderazgo que
puedan amenazar su control sobre el movimiento prefiriendo individuos menos
ambiciosos, pero más leales. Iván Duque encaja en esta descripción.
En
2017, el joven político había servido menos de un periodo como congresista y
casi no registraba en las encuestas, pero había demostrado ser fiel discípulo
del expresidente. Se opuso frontalmente a la administración Santos, hizo campaña
contra el proceso de paz y declaró devoción absoluta al fundador del Centro
Democrático.
Era
el candidato perfecto para Uribe. En las elecciones había candidatos
conservadores más experimentados como Martha Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez,
que coincidían ideológicamente con el expresidente. Su trayectoria y capital
político, sin embargo, les hubiera permitido alejarse de la agenda uribista, como
hizo Santos en su momento. Duque era una alternativa más segura. Su elección y
supervivencia política dependían enteramente del expresidente por lo que era
más difícil “traicionarlo”.
Pero
seguir la agenda de líderes carismáticos es difícil. Como sugiere la elección
de Gustavo Petro, la lectura que hace el Centro Democrático del país no
coincide con la realidad colombiana.
Para
ejercer una presidencia exitosa, Duque habría tenido que separarse de su
padrino político para ampliar su coalición. Sin experiencia o capital político,
sin embargo, el presidente no logró despegarse del uribismo más recalcitrante.
Se amarró a una bancada cuyo discurso tiene cada día menos receptividad y no pudo diseñar una agenda propia que respondiera a un país en transformación, muy diferente del que había gobernado Álvaro Uribe.
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| Laura Gamboa |
*
Ph.D. de la Universidad de Notre Dame, M.A. en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Texas, profesora asistente de la Universidad de Utah.









