"El comandante del Comando Conjunto Número 3 es acusado de tener vínculos con narcotraficantes, corrupción y otros delitos"
Por: Adam Isacson*/Razón Pública/El Pregonero del Darién/Análisis de la noticia.
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| ¿Será que Petro y el ministro Velásquez disminuyen la violencia en Colombia? La corrupción en las fuerzas armadas, la presencia del Estado en las zonas rurales y la modernización de la Policía son las claves para ello. |
Tres causas de la violencia
Los
defensores de derechos humanos y los líderes sociales saben por qué la
violencia y la inseguridad persisten en Colombia.
Ellos
sostienen que las causas fundamentales son: la impunidad generalizada, la
desigualdad, la corrupción, y la incapacidad de gobernar en zonas rurales
—donde prosperan las economías ilícitas y los grupos armados—. Las peticiones
de estas comunidades son ignoradas por los gobernantes y, cuando responden, lo
hacen con el uso reactivo de la fuerza.
Pero
hoy Colombia está a punto de tener un gobierno compuesto por personas que
vienen de movimientos sociales, y que han trabajado para garantizar los
derechos humanos. Entre ellos, el líder anticorrupción, Iván Velásquez, será el
próximo ministro de Defensa. Por primera vez, las recomendaciones de los
defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán
ignoradas.
Entonces,
las reformas del gobierno de Petro en materia de defensa y seguridad serán bien
recordadas si logran avanzar en tres áreas difíciles:
La
corrupción en las fuerzas de seguridad,
La presencia del Estado en las zonas rurales marginales, y la modernización de la policía.
Corrupción en las fuerzas armadas
Las
denuncias recientes de corrupción dentro de las fuerzas armadas son alarmantes:
Un
excomandante de las fuerzas armadas fue acusado de colaboración con un
líder del Clan del Golfo —alias «Matamba»—, porque permitía el tránsito de
cargamentos de cocaína por Nariño.
Una
juez militar está investigado al general Eduardo Zapateiro, por el manejo
irregular de dineros públicos cuando era comandante de brigada. Hoy esa juez
recibe amenazas.
Un
general del Cauca fue grabado diciendo a sus subordinados que estaba
dispuesto a aliarse con un grupo criminal para combatir a disidentes de las
FARC.
El
comandante del Comando Conjunto Número 3 es acusado de tener vínculos con
narcotraficantes, corrupción y otros delitos.
Cinco
oficiales de la 4ª Brigada de Medellín están denunciados por aceptar grandes
sobornos para la adjudicación de contratos.
Antes
de su extradición, el líder del Clan del Golfo, “Otoniel,” expresó que recibió
apoyo de oficiales corruptos durante años.
A
finales de 2021, Transparencia por Colombia informó que, de todas las
entidades gubernamentales, la que más denuncias de corrupción enfrentó entre
2016 y 2020 fue la Fuerza Pública.
"Los grupos armados y criminales que amenazan hoy a los colombianos no son como las antiguas FARC. Es decir, ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en Bogotá. La mayoría prefiere no combatir al gobierno, pues prosperan por sus relaciones con el mismo"
Si esto
ocurre en el alto mando, ¿qué ocurre por fuera de la mirada pública? ¿Cómo se
comportan las unidades de la Fuerza Pública a lo largo de ríos donde transitan
embarcaciones cargadas de cocaína? ¿Qué hacen en territorios donde las minas
ilegales y la deforestación se realizan a plena vista?
Primeros avances contra la corrupción
Como
candidato, Gustavo Petro defendió la idea de que la corrupción socava al
ejército.
Pero
enfrentar la corrupción dentro del cuerpo de oficiales es una empresa
gigantesca y arriesgada. Por eso, la nominación de Iván Velásquez confirma que
Petro toma su idea en serio.
Los
grupos armados y criminales que amenazan hoy a los colombianos no son como las
antiguas FARC. Es decir, ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en
Bogotá. La mayoría prefiere no combatir al gobierno, pues prosperan por sus
relaciones con el mismo. De esta manera neutralizan la acción del Estado. Hacen
paros armados o planes pistola como mensaje para el Estado cuando corromper no
les sirve.
Entonces,
para debilitar los grupos armados y proteger a la ciudadanía, es necesario
romper, de forma contundente, los vínculos entre los representantes del Estado
y el crimen organizado.
Por
eso, la experiencia de Iván Velásquez contra la corrupción es más importante
que su falta de experiencia en asuntos de defensa. No obstante, sí es necesario
que sus viceministros tengan conocimiento en gestión de recursos de defensa,
evaluación de amenazas, planificación, doctrina y áreas similares.
Nadie
tiene más credenciales anticorrupción que Velásquez. Su reto será castigar a
los oficiales corruptos y tranquilizar a los oficiales honestos. Esto no es un
ataque a la institución militar, sino a las malas prácticas de sus
funcionarios.
Gobernabilidad en territorios marginados
La ruptura de los vínculos corruptos, las estrategias de «objetivos de alto valor,» y las negociaciones de desmovilización como «paz total» pueden debilitar a los grupos violentos. Sin embargo, las economías ilícitas persistirán y los líderes de los grupos armados serán sustituidos por otros.
Mientras
haya territorios sin presencia gubernamental no funcionará la lucha contra los
grupos criminales. Desde el «Plan Consolidación» del gobierno Uribe, hasta las
«Zonas Futuro» del gobierno Duque, Colombia ha intentado hacer frente a la
ausencia de Estado, a través de programas de carácter principalmente militar.
El gobierno Petro puede basarse en esas experiencias previas, pero apartándose
de sus fallas.
Las
fuerzas de seguridad son necesarias para llevar al Estado más allá de la
frontera agrícola. Pero esto es sólo una pequeña parte de la solución, puesto
que los soldados no resuelven disputas, ni construyen carreteras, ni entregan
títulos de propiedad, ni enseñan en las escuelas, ni asesoran al gobierno local
en la gestión transparente de los recursos.
Los
planes escalonados para llenar los vacíos de gobernanza son complejos,
costosos, y tardan en mostrar resultados. Estos suponen consultas constantes
con las comunidades —incluidas las entidades y organizaciones afrodescendientes
e indígenas históricamente excluidas, y las dirigidas por mujeres— para
responder a las necesidades locales y gestionar las expectativas.
Un
consejo clave es aprovechar lo que ya está en marcha. Con frecuencia las nuevas
administraciones desechan los planes existentes, de modo que desperdician sus
primeros años en el modo «powerpoint».
Ya hay
mucho construido. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
previstos en el primer capítulo del acuerdo de paz están atrasados, y deben ser
revitalizados. Por ejemplo, deben retomarse las prioridades acordadas con las
comunidades, y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).
Incluso, Petro puede adaptar las “Zonas Futuro” del gobierno de Duque, en vez de cancelarlas. Un plan con continuidad, construido sobre el impulso de los esfuerzos existentes, es mejor que otro plan «perfecto» urdido en una oficina de Bogotá.
La policía y la seguridad ciudadana
Nada
puede acabar más rápido con la «luna de miel» del gobierno de Petro que un
aumento de la delincuencia. Proteger a los colombianos exige más recursos para
la Policía Nacional, y reformas para que la policía sea más civil, y menos en
pie de guerra.
La
reforma policial no debería ser responsabilidad del ministro de defensa, Iván
Velásquez. Esto corresponde al nuevo ministro de seguridad, cuya cartera
incluya la gestión de la Policía Nacional.
Colombia
enfrenta una larga lista de tareas intimidatorias e históricas. Por ello, es
alentador que la administración entrante incluya personas que tienen un buen
historial de voluntad para asumirlas.
Es
absurdo que un aparato de seguridad moderno ponga al mismo funcionario —el
ministro de defensa—a cargo de disuadir a los adversarios, enfrentar a los
grandes grupos armados, remediar el hurto de celulares y manejar bien las
protestas sociales.
Las
encuestas muestran que la confianza en la Policía Nacional está en su
nivel más bajo de este siglo: hay mucho terreno que recuperar. La lista de
reformas policiales es larga. Incluye la reducción de los tiempos de respuesta,
la mejora de las capacidades de investigación, el replanteamiento de los planes
de formación, el aumento de los salarios, el refuerzo de los controles internos
anticorrupción, y el énfasis en las relaciones con la comunidad.
Así
mismo, incluye un esfuerzo para aumentar la cobertura de la policía rural, de
modo que la seguridad ciudadana en las zonas rurales no sea una misión
exclusivamente militar.
La
amarga experiencia de las protestas sociales desde 2019, muestra que el control
de multitudes es otra área que exige replanteamientos urgentes. Junto con el
retiro de la policía del Ministerio de Defensa, la rendición de cuentas por los
abusos cometidos durante y después de las protestas, exige que los casos de
presuntos abusos dejen de pasar por la justicia militar.
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| Foto: Comando General de las Fuerzas - Militares en Colombia Por primera vez en la memoria, las recomendacione de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán ignoradas: pueden ser promulgadas. |
Necesitan mucho apoyo
"Colombia enfrenta una larga lista de tareas intimidatorias e históricas. Por ello, es alentador que la administración entrante incluya personas que tienen un buen historial de voluntad para asumirlas"
Pero lo
máximo que podemos esperar del gobierno de Petro es alcanzar algún progreso
medible hacia estos objetivos. La consecución real a sus metas llevará mucho
más tiempo. Por ello, es razonable esperar que, para 2026, los funcionarios
habrían sentado las bases para un progreso futuro. Incluso, sentar las bases
será difícil. La lucha contra la corrupción, la presencia del Estado, y la
reforma de la policía amenazarán intereses poderosos en Colombia (y por fuera
de Colombia).
Vencer
estas resistencias necesitará una enorme voluntad política. Iván Velásquez no
está exento de posibles reacciones violentas. Él ya ha sido derrotado por estas
reacciones antes, como cuando un presidente acusado de corrupción echó a la
CICIG de Guatemala. Para evitar esto, es preciso asegurar que Velásquez cuente
con un apoyo constante, y de alto nivel:
Ese
apoyo debe provenir del presidente: cuando Velásquez se enfrente a los
opositores Gustavo Petro tendrá que intervenir con frecuencia en su favor.
También
debe provenir de los amigos internacionales de Colombia —sobre todo del
gobierno de Estados Unidos—. El apoyo decidido de Washington, tanto político
como financiero, puede ayudar a mantener viva una agenda de reformas. Además,
esto beneficiará los intereses estadounidenses en Colombia.
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| Adam Isacson |
*Director para la veeduría de la defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos WOLA.
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