Buscan ante el Consejo de Estado, dejar sin efectos protección a los derechos de los habitantes del corregimiento El Silencio en Carepa.
El
Consejo de Estado admitió la apelación del apoderado jurídico de la alcaldía de
Carepa, que busca dejar sin efectos una sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia, por medio de la cual se protegen derechos colectivos y
fundamentales de la comunidad del corregimiento el Silencio en este municipio.
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| Para los habitantes de El Silencio, estas obras se convirtieron en un calvario |
Tal como la ha informado este medio de comunicación, el entonces personero de esta localidad, Arlinton Cuesta Mosquera había demandado al departamento de Antioquia, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, (DAPS) y al municipio de Carepa, invocando una acción popular.Dicho recurso fue concedido por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; es decir reconoció la vulneración de los derechos de estos habitantes, razón que llevó al gobierno local a interponer el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
Arlinton Cuesta Mosquera, actuando como personero municipal de Carepa, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos presuntamente vulnerados por los citados entes públicos.
El conocimiento del proceso le correspondió a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante sentencia de 24 de junio de 2022, accedió a las súplicas de la demanda.
Entre los derechos e intereses presuntamente violados están los relacionados al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, entre otros.
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| Arlinton Cuesta Mosquera, quien representa a la comunidad, en este proceso |
En este sentido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, resolvió admitir dicha apelación, lo que significa que la suerte de estos habitantes, en este caso específico, queda en manos del alto tribunal.
Todos estos líos jurídicos se originaron ante las fallas que registran unas obras de infraestructura diseñadas, ejecutadas y pagadas por los entes ya citados, para dotar de agua y alcantarillado a los habitantes del corregimiento El Silencio de Carepa, trabajos que terminaron causando más problemas a esta comunidad que soluciones y donde se desprende además una cadena de irregularidades de todo orden, situación que llevó al entonces personero a interceder por ellos.
