La consolidación de grupos armados y el aumento de ciertos tipos de violencia han hecho que el propio Registrador hable de suspender las elecciones de Octubre ¿Tiene sentido esta idea?
Armando José Mercado Vega*Razón Pública/ Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.
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| Yefer Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí. |
La violencia reciente en Colombia
El
viernes 25 de agosto, Yefer Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí, Chocó, tuvo que
abandonar el municipio debido a las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC). Ya son 13 los alcaldes que han sufrido la misma situación.
"Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios"
Según
la Misión de Observación Electoral (MOE), si analizamos los nueves meses
anteriores a la fecha de las elecciones en los últimos diez años hay un aumento
de hechos violentos contra líderes y lideresas.
De la
misma manera, la Defensoría del Pueblo Colombiano, en la Alerta Temprana de las
Elecciones Regionales N°030-23, identificó un total de 184 conductas
vulneradoras contra personas que intervienen en el proceso electoral entre el 1
de enero y el 9 de agosto del presente año. Un aumento sostenido a medida que
se acerca la fecha de las elecciones.
Conductas
vulneradoras contra personas en el proceso electoral
|
Mes |
# de
Conductas |
|
Enero |
6 |
|
Febrero |
4 |
|
Marzo |
10 |
|
Abril |
15 |
|
Mayo |
37 |
|
Junio |
39 |
|
Julio |
55 |
|
Agosto |
18 |
Fuente:
Defensoría del Pueblo (2023).
Estos
hechos violentos son, en su mayoría, responsabilidad de grupos armados
organizados o grupos criminales organizados. Aunque el aumento en los índices
de violencia justo en época electoral y preelectoral por parte de grupos
armados no es algo exclusivo de Colombia.
Guillermo Trejo y Sandra Ley han identificado el mismo fenómeno en México desde el 2000 debido a los cárteles que, tras perder la protección estatal que tenían durante el régimen del PRI, se vieron en la necesidad de crear sus propios ejércitos para defenderse, presionar o intimidar a los nuevos gobiernos locales —además de competir con otros cárteles para mantener su gobernanza criminal en los territorios.
Gobernanzas criminales
Según
la Alerta Temprana de la Defensoría, del 2022 al 2023 los grupos armados
aumentaron su presencia en más municipios a lo largo y ancho del territorio
colombiano.
Además
de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su
control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos
municipios, consolidando gobernanzas armadas.
Cantidad
de municipios en los que están los grupos armados
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
AGC |
124 |
134 |
200 |
331 |
|
Disidencias
FARC |
163 |
153 |
171 |
299 |
|
ELN |
190 |
165 |
176 |
231 |
Fuente:
Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Defensoría del Pueblo.
Pero la
expansión territorial y el establecimiento de gobernanzas armadas no
necesariamente implican un aumento en todos los tipos de violencia.
Según
un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si se compara el
último año del gobierno de Duque con el primero de Petro, los homicidios
disminuyeron un 1,5 % a nivel general y un 14 % en las zonas Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Se
redujeron los ataques por parte de los grupos armados a la infraestructura y
bienes en un 45 % y contra la Fuerza Pública en 47 %, así como los homicidios
de líderes y lideresas sociales en un 13 %. Sin embargo, poco cambiaron los
desplazamientos forzados, que disminuyeron un 3 % y las masacres que
decrecieron un 2 %.
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| Incluso se habla de suspender las elecciones. |
De
hecho, los indicadores de impacto humanitario mantienen niveles preocupantes.
Un aumento del confinamiento en un 24 % y el homicidio de excombatientes se
mantiene en sus altos niveles.
¿Cómo
explicar los cambios en la violencia?
En
medio de la propuesta de Paz Total y ceses al fuego, algunos grupos parecen
haber disminuido sus ataques contra agentes del Estado, al mismo tiempo que
aumentan los choques con otros grupos ilegales por el control hegemónico de
territorios y poblaciones.
Una vez
logrado cierto control —y dada además la disminución de los ingresos producto
de la coca— algunos grupos diversificaron sus fuentes de ingreso más allá del
narcotráfico y microtráfico. Por eso el aumento en las extorsiones y
secuestros.
Y de
aquí a la interferencia armada en la jornada electoral no había más que un
paso. Por ejemplo, las AGC han informado en sus comunicados que
respetarán las campañas de todos los candidatos en los territorios que
controlan.
Por su
parte, parte de las disidencias de las FARC dijeron que no permitirán
actividades relacionadas con el clientelismo, compra y venta de votos, y demás
actos que corrompan el certamen. Anuncian que aplicarán la llamada Ley 003 de
Anticorrupción expedida por las FARC-EP en el 2000.
Hay que
insistir en que, aunque un grupo armado no constriña de manera directa al
elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones
que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral
abiertamente.
Un
escenario probable y preocupante sería que los grupos armados pasen de una
lógica de control territorial y social a una lógica de captura del Estado en lo
local. Eso se haría a través del apoyo o rechazo a ciertas candidaturas locales
y con el propósito de cooptar las instancias de representación locales.
¿Suspender elecciones?
Ante
esta situación, el registrador nacional sugirió que, en caso necesario,
podrían suspender de las elecciones del próximo 29 de octubre en territorios
como el Cauca, fuertemente afectados por la violencia.
Esta
declaración produjo rechazo por parte del gobierno a través del ministro del
Interior, y también fue rechazada por algunos académicos y analistas.
Primero
hay que identificar los distintos tipos de respuestas que puede desplegar un
gobierno ante una situación que perturbe de manera masiva y sistemática una
jornada electoral, como un desastre natural, una crisis humanitaria o
sanitaria, o un hecho de violencia colectiva como una guerra.
En
Colombia hemos tenido distintos tipos de respuestas. Durante el siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX, en ocasiones se suspendieron las elecciones por
motivos relacionados con las guerras civiles que libraron liberales y
conservadores.
Aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.
Así
mismo a lo largo del siglo XX fue usual que en zonas de intenso conflicto
armado, los presidentes nombraran gobernadores o alcaldes militares, deponiendo
a las autoridades civiles locales para afrontar la situación. No obstante,
estas opciones son respuestas muy poco democráticas.
Antes
de pensar en suspender elecciones, la Registraduría Nacional y todas las
instituciones deben hacer el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para
garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los
colombianos.
Hay que
recordarle al registrador “del siglo XXI” que la propuesta de suspender
elecciones parece más una propuesta del siglo XIX.
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| Armando José Mercado |
