La JEP cree que tanto allí como en el Campo Santo de Mutatá, puede haber víctimas de desaparición forzosa.
Bajo
estas medidas de protección y conservación de ambos cementerios, con vigencia
de seis meses que pueden ser prorrogables, se deben suspender las obras de
remodelación y construcción que pudieran afectar los lugares donde hay
inhumados cuerpos no identificados.
La JEP
ordenó medidas cautelares sobre los cementerios de Mutatá y Carepa, en
Antioquia, con el fin de proteger posibles cuerpos de víctimas de desaparición
forzada.
La decisión
se tomó en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de
Urabá.


